El Juzgado de Garantía de San Javier emitió sentencia condenatoria contra Y.P.O. (43), mujer quien fue el primer caso con la variante Delta de Covid-19 en el país y quien no respetó la cuarentena impuesta por el Ministerio de Salud, tras llegar desde Estados Unidos para asistir al funeral de su padre en la región del Maule.
Por medio de un juicio abreviado, el tribunal impuso la pena de 300 días de presidio a la acusada. Sin embargo, esta fue sustituida por la remisión condicional, quedando en libertad pero bajo control administrativo debiendo asistir al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Linares por un año.
Asimismo, la condenada está obligada a fijar residencia y mantener un empleo en caso de carecer de medios conocidos y honestos de subsistencia. Junto con ello, se levantó el arraigo nacional que pesaba sobre ella, pese a lo cual tendrá que firmar ante la autoridad en Chile y no de forma remota desde Miami, donde tiene su domicilio.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía estableció que Y.P.O. llegó al país el 5 de junio y fue enviada a un hotel de tránsito. En ese lugar estuvo solo un día ya que obtuvo una autorización del Minsal para terminar su cuarentena en la residencia de su familia en San Javier, bajo el argumento de “razones humanitarias”.
La investigación determinó que la mujer mintió a las autoridades, pues no respetó el confinamiento y asistió al entierro de su fallecido padre donde compartió con más de 20 personas.
El fiscal jefe de la comuna, Patricio Caroca, señaló que el tribunal concordó con que este fue un “hecho grave que puso en riesgo a las vecinas y vecinos, al no respetar las disposiciones de las autoridades que indicaban que no debía mantener contacto con ninguna persona. Esta mujer hizo caso omiso de las instrucciones”.
También se formalizó por atentar contra la salud pública a la hermana de la acusada y al cónyuge de la primera, quienes la fueron a buscar en un vehículo al aeropuerto. En su caso, se decretó la suspensión condicional del procedimiento para ambos por un año, debiendo hacer una donación en insumos sanitarios a la Cruz Roja de San Javier equivalente a $300 mil.
Por otra parte, la seremi de Salud subrogante del Maule, Valery Salinas, aseguró que ni la denominada “paciente cero”, ni su hermana ni el esposo de esta han pagado las multas impuestas, que ascienden a 200 UTM para la primera y 100 UTM para el matrimonio. En consecuencia, el Consejo de Defensa del Estado está encargado de ejecutar el cobro.
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