Firma recortada de otro documento: los detalles tras la crisis en el Senado que llegó al Ministerio Público
Mientras la senadora Ximena Órdenes descartó haber autorizado el retiro de su permiso constitucional, la Fundación Fuerza Ciudadana solicitó que la PDI incaute registros en el Congreso y se evalúe el desafuero del senador Juan Luis Castro.
El Ministerio Público abrió una investigación de oficio y la Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella criminal contra el senador Juan Luis Castro y otros, luego de que la senadora Ximena Órdenes denunciara el uso no autorizado de su firma en un documento oficial presentado ante el Senado. El conflicto se desencadenó el martes 17 de noviembre, en medio de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027, cuando el senador Juan Luis Castro gestionó el retiro de los permisos constitucionales de sus pares Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, quienes se encontraban fuera del país. La senadora Órdenes desconoció categóricamente la autoría y autenticidad del escrito con el que se tramitó el retiro de su permiso. La querella solicita que la PDI incaute registros en el Congreso y se evalúe el desafuero del senador Juan Luis Castro.
Lo que comenzó como una estrategia reglamentaria para incidir en los quórums de votación terminó convertido en una causa penal. El Ministerio Público abrió una investigación de oficio y la Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella criminal contra el senador socialista Juan Luis Castro, luego de que la senadora Ximena Órdenes (PPD) denunciara el uso no autorizado de su firma en un documento oficial presentado ante el Senado.
El conflicto se desencadenó el martes 17 de noviembre, en medio de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027. Durante esa jornada, el jefe de bancada del Socialismo Democrático, el senador Juan Luis Castro (PS), gestionó el retiro de los permisos constitucionales de sus pares Ximena Órdenes (PPD) y Fidel Espinoza (PS). Ambos parlamentarios se encuentran fuera del país integrando la comitiva oficial que acompaña al presidente José Antonio Kast en su gira por Vietnam, China y Japón.
El trasfondo de la decisión apuntaba directamente a las matemáticas de la Sala. Los permisos constitucionales de parlamentarios en el extranjero permiten recalificar el número de senadores en ejercicio, rebajando el quórum requerido para aprobar determinadas iniciativas. Al dejar sin efecto dichos permisos, aumentaba la cantidad de votos que el Ejecutivo necesitaba reunir para aprobar materias sensibles, particularmente la autorización de endeudamiento público.
La situación escaló el miércoles 18 de noviembre, cuando el senador Pedro Araya (PPD) leyó en la Sala una carta enviada por Ximena Órdenes al secretario general del Senado, Luis Rojas. En la misiva, la parlamentaria desconoció categóricamente la autoría y autenticidad del escrito con el que se tramitó el retiro de su permiso.
"No he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito", sostuvo Órdenes en su declaración.
Tras conocerse el reclamo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), confirmó que la Mesa y la Secretaría General efectivamente habían recibido un documento con una rúbrica atribuida a la senadora, certificó el incidente y decretó que los permisos de ambos legisladores volvieran a regir a partir de esa misma jornada.
Sobre la forma en que se confeccionó el escrito cuestionado existen dos hipótesis al interior del Congreso:
Una primera versión apuntaba al uso de la firma electrónica de la senadora sin su consentimiento.
Antecedentes posteriores señalan que la rúbrica correspondería a una firma manuscrita a lápiz que habría sido recortada o copiada desde otro documento e incorporada al escrito presentado ante la corporación.
Hasta ahora, no existe un peritaje público que confirme el origen exacto de la firma ni una resolución judicial que acredite el delito.
Las explicaciones de los involucrados dejaron en evidencia la tensión interna. Juan Luis Castro aseguró inicialmente que el problema reglamentario se había resuelto "en conformidad con la propia interesada", aunque posteriormente atribuyó el episodio a problemas de comunicación y a "hechos circunstanciales en el marco del debate político". Desde el entorno de Órdenes refutaron esa versión, asegurando que la legisladora solo recibió un mensaje cuando la polémica ya había estallado.
Por su parte, el senador Fidel Espinoza confirmó que el retiro de su permiso también se realizó sin su consentimiento y lo calificó como un "impase lamentable" y una "desprolijidad administrativa". No obstante, descartó que su propia firma hubiera sido falsificada y criticó la judicialización del conflicto: "Cuando metamos a la Fiscalía a resolver nuestros líos políticos internos, estamos en el peor de los mundos", afirmó.
En la vereda opuesta, el senador Rodolfo Carter (ind.-REP) exigió en la Sala certificar los hechos y remitir los antecedentes al Ministerio Público, advirtiendo que la situación revestía caracteres de delito por una eventual falsificación de instrumento público o suplantación de identidad.
Frente a la gravedad de los antecedentes públicos, la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación penal de oficio para esclarecer cómo se elaboró y tramitó el documento, determinar quiénes participaron en su presentación y establecer si se configuró un ilícito.
A la indagatoria del Ministerio Público se sumó una querella criminal ingresada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso por la Fundación Fuerza Ciudadana en contra del senador Juan Luis Castro y todos quienes resulten responsables.
La acción judicial solicita que la Policía de Investigaciones (PDI) concurra al Congreso para incautar los documentos originales, correos electrónicos, registros digitales y las grabaciones de las sesiones del 17 y 18 de noviembre. Asimismo, pide determinar si la maniobra alteró el cálculo de los quórums en las votaciones presupuestarias y evaluar una eventual solicitud de desafuero contra el parlamentario socialista cuando se cumplan los requisitos legales.
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