Justicia rebajó condenas a 115 extranjeros sentenciados por drogas y no se opuso en ningún caso
Una investigación del medio Interferencia revisó 150 decretos dictados este año. Entre los beneficiados hay personas vinculadas a cargamentos de hasta una tonelada y condenados con informes desfavorables de Gendarmería.
El Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Fernando Rabat, ha reducido las condenas de al menos 115 extranjeros sentenciados por delitos de drogas, sin presentar oposición en ninguno de los casos. La medida se basa en la denominada "Doctrina Rabat", que argumenta que la cartera no puede negar una rebaja de pena considerando la gravedad del delito. Entre los beneficiados se encuentra Jhoel Ramos, detenido con 867 kilos de marihuana y 199 kilos de clorhidrato de cocaína, quien vio su condena reducida en tres meses. Otro caso es el de Fredy Orlas, quien transportaba 52 kilos de pasta base y recibió una rebaja de seis meses a pesar de informes desfavorables de Gendarmería. Al menos 13 de los beneficiados fueron detenidos en la frontera norte, algunos ingresando por pasos no habilitados. Esta situación se suma a rebajas previas a condenados por delitos sexuales, lo que ha generado cuestionamientos políticos y la salida del subsecretario Luis Silva.
El Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, redujo las penas de al menos 115 extranjeros condenados por delitos de drogas sin oponerse al beneficio en ninguno de los casos. Así lo reveló el medio Interferencia, que analizó 150 decretos de rebaja de condena a ciudadanos extranjeros emitidos durante este año.
Según el reportaje, todas las resoluciones se apoyan en el mismo argumento, que el medio llama la “Doctrina Rabat”. Citando un fallo de 2018 de la Corte de Santiago y dos de la Corte Suprema, los decretos sostienen que la Cartera no puede negar una rebaja considerando la gravedad del delito ni el bien jurídico afectado. Varias de las resoluciones fueron firmadas por Luis Silva, entonces subsecretario, en calidad de ministro subrogante.
El caso de mayor volumen es el de Jhoel Ramos Antesana, boliviano detenido en julio de 2021 en el sector de Alto Lirima, comuna de Pica. Ramos iba como acompañante en una camioneta que abría el paso a un cargamento de 867 kilos de marihuana, casi 199 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base.
El tribunal de Iquique avaluó la carga en más de mil millones de pesos y destacó la sofisticación de la operación. Fue condenado a cinco años y un día, y la expulsión como pena sustitutiva fue descartada. El 12 de mayo, Justicia le descontó tres meses y fijó su salida dos días después.
Interferencia también expone el caso del colombiano Fredy Orlas Heredia, detenido en 2021 en la garita La Negra, a la salida de Antofagasta, con 52 kilos de pasta base de cocaína. Gendarmería lo evaluó con alto riesgo de reincidencia y no recomendó la pena mixta, y la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta le negó la salida por unanimidad, al considerar que no había avances en su reinserción. Pese a ello, el 1 de junio Silva firmó un decreto que le rebajó seis meses de condena.
De los 115 beneficiados, al menos 13 fueron detenidos en la frontera norte o en controles de las rutas que descienden desde ella, la mayoría en Colchane: ocho bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y una argentina. En cinco de esos casos, las sentencias acreditan que ingresaron al país por pasos no habilitados.
Entre ellos figura el boliviano Wilber Tenajas Orellana, sorprendido en noviembre de 2022 con 291,5 kilos de marihuana tras cruzar a pie por Quebrada Chica, cerca de la ruta que lleva a Paso Jama. Condenado a cuatro años y cinco meses, obtuvo una rebaja de siete meses mediante un decreto firmado por Silva el 7 de septiembre.
El reportaje menciona además a los venezolanos José Luis Liscano Bermúdez y Víctor Mora Araya, detenidos en octubre de 2021 cuando viajaban desde Colchane con 32,7 kilos de ketamina, una granada de uso militar y dos pistolas.
Ambos fueron absueltos por las armas y el explosivo debido a deficiencias de la acusación y de la prueba pericial, pero condenados por tráfico a cinco años y un día. Según Interferencia, Rabat firmó los decretos que fijaron el nuevo término de sus condenas, y hoy ambos están en libertad.
Esta nueva revelación del medio Interferencia se suma a las 56 rebajas de condenas hacia abusadores y violadores de menores de edad, que también operaron bajo el mismo planteamiento de la "Doctrina Rabat". Esto ha mantenido al secretario de Estado bajo cuestionamientos políticos. Lo que ha derivado en que la oposición impulsa una acusación constitucional y el subsecretario Silva dejó su cargo.
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