Oposición confirma acusación constitucional contra el ministro de Justicia por rebajas de condena a abusadores sexuales

La oposición confirmó este miércoles que presentará una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, tras una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados convocada para abordar la polémica por las rebajas de condena a autores de delitos sexuales contra menores. Será la primera acusación de este tipo contra un ministro del Gobierno de José Antonio Kast.

El anuncio lo hizo la jefa de bancada del Partido Comunista e Independientes, Daniela Serrano, apenas terminada la intervención del ministro en la Sala. Según explicó, la oposición había dado un primer paso al escuchar al Gobierno, pero Rabat se retiró antes de que concluyera la sesión y no entregó una respuesta satisfactoria a la Cámara. “De manera responsable”, dijo, todos los partidos opositores presentes impulsarán el libelo.

Todo sobre Rebajas de condenas

El caso estalló cuando se supo que el Ministerio de Justicia aprobó 56 decretos que acogían reducciones de pena a favor de condenados por agresiones sexuales contra menores. Las rebajas fueron reveladas por el medio Interferencia, que además informó que la cartera redujo por la vía administrativa las condenas de tres personas sentenciadas por violaciones a los derechos humanos y de otros tres ciudadanos venezolanos que afirmaron pertenecer al Tren de Aragua.

Desde los primeros días de la controversia, la oposición amenazó con una acusación constitucional. El lunes dio al Gobierno un ultimátum de 48 horas para que el Presidente solicitara la renuncia de Rabat, plazo que, según Serrano, venció sin que se entregaran los decretos. Este miércoles, antes de la sesión, las bancadas opositoras se reunieron y pidieron a la cartera “toda la información y todos los antecedentes”. Fue en esa instancia donde se decidió adelantar el anuncio.

Serrano acusó al ministro de no haber actuado apegado a la ley y de atribuirse una facultad que no le corresponde, la de interpretar la normativa. La diputada también dijo que la aprobación de un proyecto de resolución que pide su salida “no basta”, y que es necesario perseguir la responsabilidad política hasta el final. Recordó que, a su juicio, cuando este Gobierno aleja a sus ministros, los reubica como asesores en el Segundo Piso o les ofrece cargos diplomáticos. Por convicción política y por resguardo de las víctimas, afirmó, perseverarán en el libelo.

La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, sostuvo que el Gobierno vulneró los derechos de los niños y que hay agresores en libertad por un “error garrafal” que calificó de imperdonable. Indicó que su sector trabajará en la construcción de los argumentos de la acusación, porque está convencido de que un error así no puede ser avalado por el Congreso. Si el Presidente no destituye al ministro, agregó, es obligación de la oposición ejercer todas las herramientas de fiscalización.

El diputado PPD Cristián Tapia, por su parte, calificó de “bochorno” la presentación del ministro, que a su juicio se basó en mentiras. Dijo que se trata de proteger a las víctimas y que el tema “no es político, sino de humanidad”. Con una metáfora futbolera, afirmó que Rabat “nos ha dejado la pelota en el área para hacer un gol, y eso es una AC”, y aseguró que incluso parlamentarios oficialistas han manifestado su disposición a apoyarla.

En la misma sesión, la Cámara aprobó por 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones un proyecto de resolución que solicita al Presidente Kast exigir la renuncia de Rabat, del subsecretario de Justicia, Luis Silva, y del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. La iniciativa contó con el respaldo de seis diputados de Chile Vamos y de casi toda la bancada del Partido de la Gente.

Entre los oficialistas que la apoyaron figuran Carlos Chandía (RN) y los diputados UDI Marlene Pérez, Alejandra Valdebenito, Ximena Naranjo, Natalia Romero y Hotuiti Teao. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y la diputada RN Ximena Ossandón se abstuvieron.

Pese a ello, el republicano Luis Sánchez advirtió que votar a favor de una resolución no implica necesariamente respaldar una acusación constitucional, y dijo que espera conocer los argumentos con que se justificará.

Durante la sesión, Rabat defendió sus decisiones como amparadas en las leyes vigentes. “No es posible olvidar, desechar una sentencia de la excelentísima Corte Suprema”, sostuvo, preguntando cómo podría dejar de cumplir una orden de ese tribunal.

El Presidente Kast reconoció un “grave error” del Ejecutivo, pero decidió mantener a Rabat en el cargo con la tarea de liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y evitar que algo así se repita. En esa línea, el ministro anunció un proyecto de ley que excluye a los condenados por delitos sexuales de los beneficios de reducción de condena, cuya discusión comenzó el martes en la Comisión de Constitución del Senado.

Este jueves, el subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, ratificó el respaldo al ministro en Radio Duna. Reconoció un error “no solamente político, sino también humano”, por no haber incorporado a las víctimas, pero aseguró que Rabat cumplió con todas sus obligaciones constitucionales, legales y administrativas. “No hay base para una acusación constitucional. Por eso vamos a defender al ministro en todo lo que corresponda”, afirmó, y agregó que ello no impide admitir grandes deficiencias en el trato a las víctimas y en lo político.

Consultado por la diferencia con el caso de la ministra de Deportes, Natalia Duco, quien dejó el cargo por el uso indebido de un auto fiscal, Arenas respondió que aquel era un asunto de administración de recursos públicos, con una connotación distinta. Admitió que la situación genera un “crujido” político, aunque recordó que todos los gobiernos enfrentan momentos críticos.

La acusación contra Rabat será la segunda de este año, después del libelo presentado el 30 de junio contra el exministro de Hacienda de Gabriel Boric, Nicolás Grau.

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