Polémica en Justicia: Revelan que el Gobierno otorgó 56 rebajas de condena por delitos sexuales contra menores

Una profunda controversia política y jurídica enfrenta el Ministerio de Justicia tras revelarse que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, la cartera otorgó 56 decretos de reducción de pena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La medida benefició a 27 condenados por abuso sexual y a 29 por violación, habiéndose rechazado solo una solicitud durante dicho periodo.

La resolución del beneficio se realizó de manera puramente administrativa mediante decretos emitidos "por orden del Presidente de la República", sin que los favorecidos tuvieran que acudir a los tribunales de justicia. La situación generó indignación en diversos sectores políticos y de la sociedad civil, reabriendo el debate sobre el alcance de la Ley N° 21.421 de febrero de 2022, la cual excluye expresamente de estos beneficios penitenciarios a quienes cometen este tipo de delitos.

Todo sobre Rebaja condena abusadores de menores

Frente a los cuestionamientos, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, justificó la determinación señalando que el ministerio se limitó a aplicar la doctrina y jurisprudencia que la Corte Suprema estableció previamente mediante recursos de amparo para hechos cometidos antes de la reforma de 2022. Desde el Ejecutivo, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, calificó las críticas como "malintencionadas" y aseguró que el procedimiento fue "impecable" y apegado a la normativa vigente.

Sin embargo, exautoridades del sector, como el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionaron severamente la decisión. Gajardo explicó que durante administraciones anteriores el criterio del Ejecutivo era rechazar sistemáticamente estas peticiones en sede administrativa para proteger a las víctimas y hacer cumplir el espíritu de la ley, dejando que fuera la Corte Suprema la que resolviera caso a caso en caso de que los condenados recurrieran al Poder Judicial.

Además, la controversia se acentúa dado que el máximo tribunal también ha rechazado amparos en el pasado, estableciendo que la reducción de pena es un beneficio y no un derecho adquirido.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez tildó las resoluciones como "un retroceso para la protección efectiva de la niñez", advirtiendo que aplicar un criterio general favorable desconoce los derechos de las víctimas y exigiendo explicaciones formales sobre el cambio de criterio del ministerio.

El caso detonó una amplia ofensiva fiscalizadora y legislativa en el Congreso Nacional. Por un lado, la bancada de diputados del Partido Comunista evalúa impulsar una interpelación al ministro Rabat, tras haber acordado solicitar primero una sesión especial en la Cámara.

Paralelamente, la bancada PPD-Independientes y la presidencia del Senado oficiaron al Ministerio de Justicia exigiendo la nómina detallada de los 56 beneficiados, el estado actual de sus condenas y los fundamentos jurídicos para no aplicar la exclusión legal de 2022.

En tanto, parlamentos de diversos sectores impulsaron al menos cinco iniciativas de ley para cerrar las vías administrativas e impedir nuevas rebajas de penas. Entre las propuestas figuran proyectos de Renovación Nacional, el Frente Amplio y parlamentarios independientes, los cuales buscan modificar las reglas de aplicación temporal o eliminar excepciones en el Código Penal.

Pese al alto volumen de iniciativas anunciadas, expertos y parlamentarios advierten que las propuestas enfrentarán complejos análisis de viabilidad jurídica respecto del principio de no retroactividad en materia penal desfavorables, dejando abierto el debate sobre la responsabilidad administrativa en las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia.

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