Un estudio reciente de la Fiscalía Nacional sobre la responsabilidad penal adolescente ha revelado una disminución en el número de jóvenes de entre 14 y 17 años que ingresan al sistema penal durante la última década, abarcando el período entre 2015 y 2025. Si bien se observaron algunas fluctuaciones, posiblemente influenciadas por la pandemia, la cifra de adolescentes que ingresaron por primera vez al sistema ha pasado de más de 31.000 hace diez años a 26.000 el año pasado.
El análisis, que realizó un seguimiento a más de 30.000 menores durante casi 11 años para perfilar sus conductas delictivas, identificó tres perfiles principales. El más común es el de "desistimiento temprano", que representa al 67,2% de los casos y se caracteriza por una tendencia al abandono de la actividad delictual. Los individuos en esta categoría registran un promedio de 3,3 delitos, con un máximo de ocho ilícitos cometidos en total.
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En contraste, el "perfil prolífico", aunque minoritario con un 2,4% del grupo, genera mayor preocupación al concentrar el 13% de los delitos registrados en la última década. La principal característica de este grupo es la persistencia en delitos contra la propiedad no violentos, como robos por sorpresa o en lugares habitados. La gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía, Ana María Morales, precisó que este grupo "no está caracterizado por patrones de escalamiento hacia criminalidad organizada ni delitos de extrema gravedad, sino que es una actividad delictual constante respecto de delitos contra la propiedad no violentos".
Finalmente, el "perfil violento" abarca al 16% de los menores y se distingue por la comisión de delitos de carácter violento, como robos con intimidación o portonazos, a menudo perpetrados con armas de fuego.
Ante estos hallazgos, la Fiscalía busca implementar una política de persecución penal con un enfoque específico en la adolescencia. "en base a los hallazgos de este estudio, queremos transitar hacia la consolidación de una política de persecución penal, con un enfoque en la adolescencia. Por eso, creemos que es muy importante el priorizar el uso de las salidas alternativas, y mecanismos como la justicia restaurativa, en los perfiles de desistimiento temprano y de menor gravedad", explicó Morales.
Para los perfiles violento y prolífico, el Ministerio Público propone una persecución más focalizada y sanciones acordes a la gravedad de los hechos, junto con medidas orientadas a la reinserción. Esta estrategia responde también al aumento observado en los últimos años de delitos cometidos conjuntamente entre adolescentes y adultos, los cuales sí estarían vinculados al crimen organizado.
La directora de la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía, Alejandra Mera, reconoció que la efectividad del sistema actual podría ser cuestionada. "Si el sistema estuviera dando la mejor respuesta, hubiera influido en que estas carreras no fueran tan persistentes. Entonces, consideramos que uno de los puntos esenciales de esta información es demostrar que el sistema sí funciona en muchos casos, y a propósito de sanciones que a lo mejor no son tan gravosas por el perfil señalado, pero en un grupo más persistente, evidentemente podría considerarse que el sistema tiene deficiencias, porque permite que estas carreras se consoliden", reflexionó.
La discusión sobre la responsabilidad penal adolescente ha estado presente en la agenda legislativa, con el Senado aprobando en general una reforma a la materia. Organizaciones como Amuch han urgido reformas tras crímenes de menores, señalando que "Hoy sale muy barato delinquir y más si eres menor", tal como se recogió en una nota anterior de Cooperativa.cl.
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