El Juzgado de Garantía de Chiguayante decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el consejero regional del Biobío, Alan Bastías, quien fue formalizado por su presunta autoría en el delito de violación. Los hechos denunciados habrían ocurrido durante los primeros días de noviembre del año pasado, en el contexto de una fiesta en la que participaban amigos y personas del círculo cercano. Tras la agresión, la víctima, una mujer mayor de edad, acudió a un Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna para constatar el hecho y realizar la denuncia correspondiente.
La investigación del caso fue liderada por el Ministerio Público en conjunto con la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción, unidad que llevó a cabo diversas diligencias, entrevistas y peritajes de carácter sexológico y bioquímico. Al finalizar la audiencia de formalización, la fiscal Marcia Matus entregó detalles del proceso, señalando que "este delito había sido cometido por un imputado adulto, en el contexto de una celebración, ocurrida en la comuna de Chiguayante". La persecutora agregó que "luego de una investigación exhaustiva realizada por la Fiscalía de Concepción en conjunto con la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de la ciudad de Concepción, se reunió evidencia científica, declaraciones de testigos de contexto, y se formalizó al imputado por el delito de violación".
Todo sobre Violación
Durante la instancia judicial, el Ministerio Público presentó los argumentos para solicitar la privación de libertad del imputado, argumentando que la víctima no habría tenido la oportunidad de defenderse frente a la agresión sexual. Sobre las particularidades del ataque, la fiscal Matus explicó que en la formalización "se le invocan dos circunstancias, la circunstancia de fuerza o intimidación, y la circunstancia de incapacidad para oponerse". Además, la representante de la Fiscalía precisó que "también se invoca por el Ministerio Público una agravante genérica, que es haber cometido el delito con abuso de confianza, prevista en el artículo 12 número 7 del Código Penal".
Tras escuchar y ponderar los antecedentes expuestos por las partes, el tribunal de garantía decidió acoger la solicitud de prisión preventiva presentada por el ente persecutor, por lo que el consejero regional deberá permanecer tras las rejas mientras se desarrolle el proceso judicial en su contra. Junto con decretar la medida cautelar, el juzgado estableció un plazo legal de cuatro meses para el desarrollo de la investigación de este caso.