Alcalde de Chillán Viejo formalizado por graves delitos sexuales y amenazas

El fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, ha iniciado una investigación formal contra el alcalde de Chillán Viejo, Jorge Andrés del Pozo Pastene. Las acusaciones, presentadas por dos funcionarias del municipio, abarcan delitos de violación, amenazas, solicitación de personas y abuso sexual por sorpresa, presuntamente cometidos entre los años 2020 y 2024.

Este nuevo proceso judicial contra la autoridad comunal se desarrolla en estrecha colaboración con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Ñuble. Cabe recordar que en octubre de 2024, justo un día después de ser reelecto en su cargo, el alcalde fue detenido por un caso de violencia intrafamiliar. Puedes revisar más detalles sobre esa detención en este enlace: alcalde reelecto de Chillán Viejo es detenido por violencia intrafamiliar.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el delito de violación, que habría implicado el uso de fuerza, se habría producido cuando el imputado ejercía como concejal de Chillán Viejo. La Fiscalía detalló que, aprovechando su cargo, citó a una de las víctimas a su domicilio en octubre de 2020, bajo el pretexto de tratar asuntos laborales, para luego cometer el presunto ataque.

Adicionalmente, se le imputa un delito de amenazas ocurrido en noviembre de 2022, ya como alcalde. En esa ocasión, según el relato de la Fiscalía de Ñuble, habría intimidado a otra funcionaria con la posibilidad de destituirla de su puesto, luego de que esta se negara a bailar con él durante una actividad de celebración laboral.

La entidad persecutora también sostiene que en enero de 2023, el alcalde habría cometido actos de relevancia y significación sexual contra la misma víctima en su oficina. Estos hechos se habrían repetido en septiembre del mismo año, en el contexto de otra celebración de trabajo.

El Juzgado de Garantía de Chillán ha dictado medidas cautelares para el alcalde, incluyendo arresto domiciliario nocturno y la prohibición de acercarse a las víctimas. Asimismo, se ha fijado un plazo de tres meses para la investigación que lleva adelante la Fiscalía.