Gobierno fiscaliza $1,4 billones en transferencias a fundaciones sin rendición

El plan Inspección Total al Estado ha puesto el foco en las transferencias de fondos públicos. El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal ha detectado que, entre 2022 y 2026, se realizaron transferencias por un total de $5,4 billones a fundaciones, de las cuales más de $1,4 billones no han sido debidamente rendidos. Esta cifra representa una preocupación para el Ejecutivo, que busca asegurar la correcta utilización de los recursos estatales.

En el mismo período, se crearon 177 fundaciones que recibieron más de $11 mil millones sujetos a rendición. De este monto, cerca del 60%, es decir, más de $6.500 millones, no cuentan con rendición acreditada. Un dato alarmante es que 79 de estas nuevas fundaciones no registran rendición alguna.

Todo sobre Auditoría y fiscalización de fondos públicos

Ante esta situación, la subsecretaria de la Segpres y presidenta del Comité, Constanza Castillo, detalló los pasos a seguir en el proceso de fiscalización. "El Estado debe verificar caso a caso qué ocurrió: si hubo falta de presentación, rechazo de rendiciones, incumplimientos de convenios, debilidades del servicio que transfirió o situaciones que deban escalar a otras instituciones", afirmó.

Si bien aún no se entregan detalles específicos de las fundaciones involucradas, el Gobierno sí ha identificado los servicios con mayor proporción de fondos no rendidos. Entre ellos se encuentran el Sence con $4.400 millones, el Servicio de Protección de la Niñez con $918.000 millones y la Subsecretaría de Agricultura con $29.000 millones.

Adicionalmente, el Ejecutivo ha alertado sobre el uso intensivo del mecanismo de "trato directo" en diversas reparticiones públicas. Se identificaron servicios donde más de la mitad de las compras se efectuaron sin licitación pública. Encabeza esta lista el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), seguido por el Servicio de Salud Sur, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Agricultura, el Hospital Metropolitano de Santiago y el Instituto de Salud Pública.

Las justificaciones más comunes para el uso del trato directo fueron la existencia de un "proveedor único", la "confianza y seguridad" y la "emergencia". Esta última causal ha sido la más recurrente, superando en un 17% su uso en comparación con el período de la pandemia de covid-19. Las instituciones que más recurrieron a esta modalidad fueron la Dirección General de Obras Públicas, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el Instituto de Fomento Pesquero y Fonasa.