Contraloría falla contra exministra Steinert por pedir datos de detectives de la PDI

La Contraloría General de la República ha emitido un dictamen que establece una falta al principio de juridicidad por parte de la exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert Herrera. Según el pronunciamiento, la exautoridad solicitó de manera indebida información reservada sobre oficiales de la Policía de Investigaciones (PDI), contraviniendo su deber legal de abstención. La decisión, firmada por la Contralora Dorothy Pérez, responde a denuncias presentadas por parlamentarios tras un oficio reservado emitido por Steinert el 13 de marzo de 2026, pocos días después de asumir su cargo.

El informe de Contraloría detalla que el requerimiento de la exministra se centró en obtener datos específicos del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI. Si bien la ley faculta al Ministro del ramo para solicitar informes necesarios para la planificación de políticas públicas, el organismo fiscalizador determinó que las peticiones concretas de este oficio excedieron las atribuciones legales de la exautoridad.

Todo sobre Política

Las solicitudes declaradas improcedentes por la Contraloría incluyeron:

• La identificación detallada del personal policial, incluyendo nombre, cédula de identidad y grado, de funcionarios trasladados o cesados en una causa penal específica.
• El número de Rol Único Causa (RUC), denominación y materia de investigaciones judiciales vigentes en las que intervenían dichos funcionarios.
• La región, unidad de destino y cargo actual de los oficiales reasignados.
• La exigencia de un fundamento pormenorizado y las necesidades de servicio que motivaron los traslados internos.
• El envío de antecedentes disciplinarios o penales de los funcionarios, junto con copias íntegras de denuncias administrativas, sumarios internos o denuncias penales que sustentaron los cambios.

La Contraloría concluyó que la actuación de la exministra representó un riesgo para las investigaciones en curso y para el personal de la PDI. La ley N° 21.730 prohíbe explícitamente al titular de Seguridad Pública solicitar antecedentes cuya divulgación pueda afectar el desarrollo de una investigación penal o poner en riesgo la identidad de funcionarios en labores críticas. Al solicitar datos que permitían la individualización y ubicación de oficiales involucrados en casos de narcotráfico y crimen organizado, la exministra ignoró las protecciones de secreto y reserva dispuestas por el Ministerio Público para resguardar investigaciones complejas y proteger la integridad física y operativa de los funcionarios policiales, incluyendo agentes encubiertos.

Adicionalmente, la Contraloría señaló que la solicitud de información recayó sobre oficiales que apoyaban tareas investigativas en un caso penal en el cual la exministra había intervenido directamente en su desempeño público previo a asumir la cartera de Seguridad. Por esta razón, se determinó que la exautoridad vulneró flagrantemente su deber legal de abstención, al utilizar sus facultades ministeriales en materias donde existía un evidente conflicto de intereses.