La Contraloría General de la República (CGR) ha encendido las alarmas tras la publicación de su segundo Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (Radar). El documento advierte sobre la posibilidad de un uso indebido de recursos públicos por parte de diversos municipios, los cuales estaban destinados a programas de protección animal.
El objetivo principal del reporte Radar es identificar posibles amenazas en la administración de fondos públicos orientados a promover el bienestar de los animales, prevenir el abandono y salvaguardar la salud pública y el medioambiente. En este contexto, el análisis abarca el período comprendido entre 2017 y marzo de 2026.
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Según la información recopilada, las municipalidades han recibido un total de $33.647.556.550 a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC). Sin embargo, el estudio evidenció serias irregularidades: 61 municipios no llevaron a cabo jornadas de rescate animal ni de control poblacional, a pesar de haber recibido, desde 2022, cerca de $5 mil millones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para tales fines.
La situación se agrava al constatar que 162 municipalidades no respondieron a los requerimientos de información de la CGR respecto al destino de más de $16 mil millones transferidos por la misma Subsecretaría. Adicionalmente, se detectó que 25 municipalidades carecen de una ordenanza sobre tenencia responsable, 178 no disponen de lectores de microchip o no informaron sobre su disponibilidad, y 31 mantienen o financian caniles que no figuran en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal.
El reporte también señala inconsistencias en el Registro Nacional de Identificación de Mascotas y en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, gestionados por el Ministerio del Interior, especialmente en lo referente a la identificación de los responsables de los animales. En este último registro, se observó que solo 748 personas de un total de 39.987 han completado el curso de adiestramiento exigido para animales de esta categoría.
Ante estos hallazgos, la Contraloría afirmó: "Estos resultados configuran una alerta de riesgo relevante, por lo que la CGR fiscalizará a la Subdere, en su calidad de entidad que transfiere los recursos, y exigirá a las municipalidades que no cuentan con ordenanza dictarla en un plazo de 90 días hábiles".
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