Un grave desorden y una preocupante falta de coordinación institucional dejaron al descubierto serias irregularidades en el ingreso de menores extranjeros a nuestro país. Así lo reveló este miércoles la Contraloría General de la República, tras investigar el Programa de Reunificación Familiar.
El objetivo de la fiscalización era indagar las denuncias sobre la llegada de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití, quienes ingresaron a Chile a través de vuelos chárter, ante el riesgo de posibles vulneraciones a sus derechos.
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En ese sentido, el ente Contralor detectó que se otorgaron permisos de reunificación con certificados vencidos, sin legalizar o derechamente sin los documentos obligatorios. Además, se descubrió la emisión de un memorándum irregular que rebajó las exigencias legales para ingresar al país.
A esto se suma un descontrol en las fronteras y en los vuelos chárter. La Contraloría constató que una aerolínea no presentó el listado de pasajeros exigido por ley, y lo que es más grave, el Servicio Nacional de Migraciones no aplicó ninguna sanción oportuna. Tampoco se verificó de manera suficiente quiénes eran los adultos responsables que recibían a estos menores.
El informe apunta directamente a tres organismos: el Servicio de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez. Entre ellos, no había protocolos comunes ni un intercambio de información eficiente.
En ese sentido, Migraciones aprobó permisos sin informes policiales y no verificó los datos entregados por los solicitantes. La PDI, por su parte, carece de manuales completos de control migratorio, evidenciando errores en la digitación de pasaportes y mostrando debilidades al fiscalizar a extranjeros en situación irregular.
Ante la gravedad de estos hechos, la Contraloría ya tomó cartas en el asunto. El ente Contralor ordenó la apertura de sumarios administrativos en Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez para determinar a los responsables.
Además, exigió a las autoridades de la Niñez implementar un seguimiento activo y urgente de estos menores para asegurar que sus derechos no hayan sido vulnerados. También se iniciará un examen de cuentas por las multas no cobradas a la aerolínea infractora.
Finalmente, y debido a una filtración indebida de este preinforme que expuso datos sensibles de los niños afectados, la Contraloría abrió un procedimiento disciplinario adicional y derivó todos los antecedentes al Ministerio Público.
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