Tras más de tres años de exhaustiva investigación y cerca de un año de juicio oral, el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago entregó este martes 23 de junio el esperado veredicto en contra de los integrantes de una de las redes criminales más complejas detectadas en el ámbito de la salud chilena.
La justicia declaró culpables a los 17 miembros de la organización delictiva, entre los que figuran nueve médicos —en su mayoría de nacionalidad colombiana— y ocho captadores chilenos. El grupo fue condenado por montar un verdadero negocio dedicado a la venta y emisión masiva de licencias médicas ideológicamente falsas, hecho catalogado como el mayor fraude económico en la historia sanitaria del país.
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Las cifras expuestas durante el juicio oral por el Ministerio Público y los querellantes revelaron un daño sin precedentes para las arcas de la salud. En ese sentido, la red emitió un total de 71.653 licencias médicas de forma completamente fraudulenta.
El fraude significó un desfalco directo al sistema público (Fonasa) por un monto de $26.606.306.606. Paralelamente, se provocó un daño económico a las Isapres que asciende a $1.620.285.157.
Frente a la contundencia de estos antecedentes, la Fiscalía solicitó al tribunal penas que van desde los 3 hasta los 20 años de cárcel efectiva para los involucrados con mayor responsabilidad en los hechos.
La investigación, liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad, reveló que la cúpula de la red constituyó más de 50 sociedades ficticias. Estas firmas utilizaban consultas médicas falsas o domicilios particulares para contratar a profesionales extranjeros y operar al margen de cualquier control tributario.
El grupo contaba con una estructura de captadores que contactaba a los "clientes" mediante redes sociales, operando bajo un esquema de precios fijos:
De este esquema, el captador obtenía una comisión de entre $11.000 y $16.000 por cada venta, mientras que el médico emisor recibía una tarifa plana de $10.000, sin importar la extensión de los días de reposo. El saldo restante iba directo a las arcas de los líderes de la organización criminal.
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