La Cámara Alta chilena vivió una jornada de definiciones este martes, culminando con el rechazo de un proyecto de ley fundamental para la creación del Subsistema de Inteligencia Económica. La iniciativa, que pretendía otorgar mayores facultades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se vio truncada por un triple empate consecutivo en la votación, lo que, según el reglamento del Senado, significó su desestimación.
La paridad 24 a 24 reflejó la profunda división existente entre los parlamentarios respecto a la posibilidad de que la UAF acceda a información financiera protegida por secreto bancario sin necesidad de una autorización judicial previa. Factores como la ausencia de la senadora Ximena Órdenes, impedida de viajar a Santiago por condiciones climáticas adversas, y la participación del senador Matías Walker en una conferencia internacional en Ginebra, influyeron directamente en el resultado.
La propuesta legislativa rechazada “buscaba permitir que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueda requerir directamente a los bancos información protegida por secreto bancario en tres casos puntuales, sin necesidad de una autorización judicial previa”. Estos supuestos incluían la recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) provenientes de entidades bancarias, de funcionarios públicos o de personas jurídicas.
Desde la oposición, se alzaron voces como la de la senadora Vanessa Kaiser, quien argumentó que “levantar el secreto bancario mediante una vía administrativa y sin la resolución fundada de un juez afecta derechos fundamentales”. Por su parte, el oficialismo defendió la medida como una herramienta indispensable en la lucha contra el lavado de activos, un flagelo que ha cobrado relevancia en el debate público, especialmente tras investigaciones como la Operación Tokio, que evidenció el uso de cuentas bancarias por parte de organizaciones criminales como el Tren de Aragua para el movimiento de dinero ilícito. Actualmente, el levantamiento del secreto bancario se realiza mayoritariamente a través de la vía judicial en el marco de investigaciones activas.
Dado que el proyecto había sido aprobado previamente en la Cámara de Diputados, su tramitación continuará ahora en una Comisión Mixta. Ante la posibilidad de que se prolonguen los plazos, el senador Daniel Núñez instó a que se le otorgue discusión inmediata. El Gobierno, en respuesta, se comprometió a dar la urgencia necesaria para que esta instancia bicameral pueda resolver las diferencias y zanjar el asunto a la brevedad posible.
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