Un reciente estudio elaborado por el Laboratorio Municipal (LabMun) de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez analizó el rol de los municipios chilenos en la impugnación de proyectos de inversión evaluados en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El documento, titulado "Municipios e inversión: ¿Qué está frenando los proyectos?", desmitifica la idea de que los gobiernos locales actúan como un freno sistemático al desarrollo, revelando que a nivel nacional solo impugnan el 1% de las iniciativas ingresadas.
Según el informe, entre 2016 y 2025 se identificaron únicamente 77 proyectos impugnados por municipalidades a lo largo de todo el país, frente a un universo total de 7.231 proyectos ingresados al SEIA en dicho periodo. A pesar de esta baja proporción, el impacto de las acciones edilicias es significativo: cuando las municipalidades intervienen en el proceso, logran frenar el 33% de los proyectos, ya sea mediante rechazo, revocación, caducidad o el desistimiento del titular.
En este contexto nacional, la Región del Maule se posiciona con un perfil de impugnación moderado. De acuerdo al panel de distribución territorial del estudio, el Maule registra solo tres proyectos impugnados por parte de sus municipalidades durante la última década. Esta cifra sitúa a la región muy por debajo de los focos de mayor conflictividad, liderados por la Región Metropolitana (20 casos), Valparaíso (11 casos) y Biobío (9 casos).
Asimismo, a nivel comunal, Curepto figura como la única localidad maulina destacada en el "Top 15" de intensidad de impugnación, con un (1) proyecto cuestionado de un total de seis ingresados al sistema (16,67%).
Inversión, sectores en disputa y zonas grises
La investigación de la UAI destaca que los proyectos impugnados suelen ser de gran envergadura. El 77,6% de los casos supera los 10 millones de dólares de inversión, ubicándose por sobre el percentil 50 del SEIA. En términos de capital, los 77 proyectos en disputa a nivel nacional acumulan cerca de 9 mil millones de dólares en inversión declarada, lo que equivale a un 2,1% de la inversión total del SEIA en el periodo.
Un hallazgo clave del reporte es la asimetría sectorial. Mientras los rubros de Energía e Inmobiliario concentran la mayor cantidad de impugnaciones en números absolutos, la mayor tasa de conflictividad relativa se encuentra en Infraestructura Portuaria (11,7%) e Infraestructura de Transporte (6,0%).
Las autoras sugieren que esto podría explicarse por la falta de mecanismos de compensación territorial en estos rubros, a diferencia de la minería, que cuenta con el Fondo de Comunas Mineras y patentes específicas que internalizan los beneficios a nivel local.
Finalmente, el documento advierte sobre la existencia de un marco normativo ambiguo respecto a las competencias municipales en material ambiental. "Las atribuciones de las Municipalidades para impugnar proyectos no tienen una reglamentación sistemática en el ordenamiento jurídico ambiental chileno", señala el informe, indicando que la jurisprudencia ha fallado tanto a favor como en contra de la legitimación activa de los municipios, generando una zona de incertidumbre que requiere ser clarificada mediante nuevas políticas públicas.
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