La significativa reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, una de las reformas más trascendentales en el ámbito laboral chileno, ha puesto de manifiesto los desafíos que aún enfrentan numerosas empresas para ajustarse a las nuevas exigencias. A más de dos años de la implementación de la primera fase de esta normativa, los datos revelan un panorama complejo.
Un estudio realizado por la División Control de Asistencia de Vigatec, que se basa en información oficial de la Dirección del Trabajo (DT), ha detectado un notable incremento en las infracciones relacionadas con el exceso de jornada y el control de asistencia. Este fenómeno subraya las dificultades operativas persistentes en diversos sectores productivos del país.
Según el análisis, las multas asociadas a incumplimientos por sobrepasar la jornada laboral establecida experimentaron un alza del 41% al comparar los 24 meses previos y posteriores a la entrada en vigor de la Ley 40 Horas. La tendencia se replica en las sanciones vinculadas al control de asistencia, que aumentaron un 27% en el mismo período, una cifra que se alinea con el incremento general de multas cursadas por la Dirección del Trabajo.
Boris Muñoz, gerente de la División Control de Asistencia de Vigatec, señala que el cumplimiento normativo actual demanda mayores niveles de respaldo y trazabilidad. "Hoy es necesario cumplir y poder acreditar que se cumple. Cuando la trazabilidad de asistencia es débil, aumenta significativamente el riesgo de sanciones, incluso en empresas que intentan ajustarse a la normativa", afirmó.
El informe detalla que, en promedio, las infracciones han aumentado en cerca de 90 casos trimestrales. Sin embargo, el último trimestre del año pasado registró un pico histórico, superando las 3.500 sanciones, lo que representa un incremento aproximado de 600 multas respecto al período anterior y consolida una tendencia al alza en las fiscalizaciones laborales.
Este escenario se agudiza en sectores que operan con sistemas de turnos, alta dotación de personal y operaciones distribuidas geográficamente. "Se trata de actividades en las que por lo general hay turnos, alta dotación y una operación distribuida. Una gestión deficiente puede transformarse rápidamente en un riesgo operacional y de cumplimiento", advierte Muñoz.
Los datos del estudio indican que el 39% de las infracciones se relacionan con el control de asistencia, mientras que un 19% está asociado a excesos de jornada laboral. Las sanciones pueden llegar hasta las 180 UTM, dependiendo de la gravedad y el tamaño de la empresa. En términos acumulados, las fallas en los sistemas de registro de asistencia suman más de 20 mil multas, y los incumplimientos por exceso de jornada superan los 7.200 casos.
Estas cifras evidencian que, más allá de respetar los límites de horas de trabajo, las organizaciones deben asegurar la correcta acreditación de los horarios y descansos de sus empleados. El análisis también identifica los sectores económicos con mayor concentración de sanciones. Entre las 25 empresas con más infracciones, el 28% pertenece a compañías de seguridad privada, seguidas por los sectores de transporte y retail, con un 20% cada uno.
Se ha detectado una empresa con cerca de 250 infracciones, cuyas multas superan las 13 mil UTM, y otras tres compañías registran más de 150 sanciones cada una, sumando más de 29 mil UTM. La implementación de la Ley 40 Horas ha implicado no solo una reducción de la jornada, sino también una reconfiguración de las operaciones diarias empresariales. La planificación de turnos, la gestión de descansos y el control efectivo de la asistencia se han vuelto cruciales para evitar incumplimientos.
"La reducción de jornada no solo cambió la cantidad de horas trabajadas; también aumentó la complejidad de administrar turnos, descansos y asistencia de manera correcta. Muchas organizaciones aún operan con estructuras diseñadas para una realidad laboral distinta", explica Muñoz. A medida que la ley avance, la adaptación tecnológica, la gestión rigurosa de registros laborales y una planificación operativa eficiente serán claves para el cumplimiento normativo y la reducción de riesgos ante futuras fiscalizaciones.
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