La Cámara de Diputados y Diputadas despachó a ley el proyecto de Escuelas Protegidas, impulsado por el Gobierno, tras aprobar las modificaciones del Senado a la iniciativa que establece medidas de seguridad en las comunidades educativas.
La normativa, que ahora deberá ser revisada por el Tribunal Constitucional antes de transformarse en ley, permitirá que los reglamentos internos contemplen la revisión de mochilas, bolsos y otros objetos personales de los estudiantes.
La medida excluye revisiones corporales o de vestimenta y prohíbe cualquier acción que afecte la dignidad de los alumnos.
Asimismo, establece procedimientos cuando existan sospechas fundadas sobre la presencia de objetos que puedan representar un riesgo para la comunidad escolar. En esos casos, se deberá informar a padres y apoderados, y eventualmente a Carabineros o la PDI.
Además, los establecimientos podrán restringir el uso de prendas o accesorios que dificulten la identificación facial, salvo en situaciones justificadas por motivos de salud, identidad de género, creencias religiosas, necesidades sensoriales o condiciones climáticas.
Tras la aprobación en el Congreso, el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, cuestionó que “este es un proyecto que tiene un fin más bien comunicacional, es más bien efectista y no va a tener real efectividad para resolver el problema de la violencia. Aborda los efectos, pero no las causas”.
“Se remite a controlar el acceso, a poner pórticos, a la revisión de mochilas y más sanciones. Pero, ¿qué pasa con las causas? El problema de la violencia tiene un origen mucho más profundo que el enfoque que le está dando el Gobierno”, afirmó Aguilar.
En consecuencia, manifestó el dirigente, “no creemos que vaya a resolver el problema de fondo, lo estructural que está detrás. Si se quiere abordar en serio y de verdad este problema, que es probablemente el más grave que está ocurriendo hoy día en la educación chilena, esta futura ley próxima a publicarse queda absolutamente insuficiente”.
El presidente del gremio docente a nivel nacional sostuvo que “para abordar efectivamente el origen de la violencia en las escuelas, hay que atender el problema de salud mental que es grave y serio, entre los jóvenes y en general entre los miembros de las comunidades escolares”.
“También hay que abordar el tema del currículum, para que haga mucho más sentido a los jóvenes y a las nuevas generaciones. Y también hay que abordar la problemática social que está detrás de una violencia que viene de fuera de la escuela e ingresa a esta”, agregó Aguilar.
En esa línea, el líder del organismo sentenció que “si se quiere abordar seriamente el problema de la violencia en las escuelas, tienen que configurarse políticas que apunten a las causas que vayan a la profundidad del problema, pero que no se queden simplemente en mensajes comunicacionales o en medidas efectivas”.
Cabe señalar que tras el despacho a ley del proyecto Escuelas Protegidas, diputados de oposición e independientes presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar algunas de las disposiciones.
Al respecto, las y los parlamentarios argumentaron que parte de su contenido vulnera garantías constitucionales y compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Ahora, será el TC el encargado de revisar la admisibilidad del requerimiento y determinar si las normas impugnadas se ajustan o no a la Constitución.
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