Una exhaustiva investigación interna de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) ha sacado a la luz un presunto fraude millonario que involucra la entrega de onces escolares en la región de O'Higgins. Los antecedentes apuntan a pagos que superan los $14 mil millones de pesos, adjudicados a una única empresa, sin que las raciones alimenticias destinadas a estudiantes vulnerables hayan sido efectivamente proporcionadas.

El caso, que ha sido revelado por Reportajes T13, se encuentra actualmente bajo la lupa de la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quienes buscan determinar las responsabilidades administrativas y penales de los involucrados.

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, fue enfático al describir las anomalías detectadas en la auditoría interna. "Lo que pesquisamos de onces en la región de O’Higgins por más de 14 mil millones de pesos, adjudicadas a una sola empresa, sin ninguna prestación a cambio. Esas onces nunca se entregaron a los alumnos", afirmó.

Las raciones cuestionadas, que incluían ítems como leche con sándwich o avena con leche, fruta y té, alcanzaron un valor unitario que, según los registros, llegó a superar los $8 mil pesos por cada once. "En el último pago del año 2023 un valor por once fue de más de $8 mil pesos. Esto está fuera de absolutamente todo rango de precio que pague Junaeb hoy día", señaló Peña.

La empresa beneficiada con la licitación, que se originó en 2019, es Servicios Tecnológicos Coordenadas, conocida como SOSER. El contrato estipulaba la entrega de onces en establecimientos educacionales de O'Higgins. Sin embargo, la investigación interna sugiere que la cantidad de raciones efectivamente servidas fue significativamente menor a la programada, a pesar de que los pagos se mantuvieron sin alteraciones.

Según los datos de Junaeb, en 2019 se proyectó la entrega de 1.017.404 onces, pero solo se habrían materializado 579.329, lo que representa un déficit cercano al 43%.

Desde SOSER, el gerente general Matías Pizarro defendió los montos percibidos, argumentando que una parte importante correspondía a costos fijos contractuales. "La parte fija no es para pagar el sándwich, sino el sueldo de manipuladoras. Esos recursos fueron utilizados como exigía el contrato", declaró.

Un aspecto clave de la investigación apunta al rol de Alejandro Layseca Astudillo, quien hasta 2022 se desempeñó como jefe jurídico de Junaeb. Los antecedentes indican que Layseca autorizó modificaciones al contrato, incluyendo un aumento del pago fijo de un 40% a un 60%. Actualmente, Layseca ejerce como asesor legal de SOSER.

Al respecto, Layseca descartó cualquier conflicto de interés, señalando que habían transcurrido más de cinco años desde su salida de Junaeb. "Habían pasado más de 5 años desde que salí de Junaeb y no había un impedimento de trabajar para este empleador", afirmó, y negó haber recibido incentivos o pagos indebidos durante su gestión en el organismo público. "Nunca recibí nada", aseguró.

El Gobierno ha anunciado acciones concretas ante la gravedad de los hallazgos. Desde la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) confirmaron que los antecedentes serán derivados para la persecución de responsabilidades. "Hemos detectado alertas graves", indicaron, añadiendo que se buscarán responsabilidades administrativas y penales. Paralelamente, Junaeb ha iniciado auditorías en otros contratos para verificar si este modus operandi se ha replicado en licitaciones posteriores.