Fiscalía apunta a posible financiamiento irregular de la campaña de Boric con dineros de ProCultura

En el contexto de la investigación por supuestas irregularidades en la Fundación ProCultura, la Fiscalía Regional de Coquimbo elevó una solicitud para interceptar el teléfono del presidente Gabriel Boric.

El fiscal Patricio Cooper fundamentó la petición señalando que existirían antecedentes que apuntan a un posible desvío de recursos desde convenios otorgados a ProCultura, los cuales habrían sido utilizados de forma irregular para financiar la campaña presidencial de Gabriel Boric.

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Es importante mencionar que dicha solicitud fue desestimada por el tribunal respectivo, al considerar que no se cumplían los requisitos necesarios para su aprobación.

A pesar de ello, el fiscal Cooper continúa sosteniendo que es indispensable contar con mayores antecedentes que permitan esclarecer lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades.

El requerimiento se sustenta en una conversación mantenida entre Patricia Ilonka Csillag Pimstein y Constanza Gómez Cruz, ambas imputadas en el caso, en la que se indica que Alberto Larraín Salas, uno de los fundadores de ProCultura, habría utilizado recursos destinados a la fundación con el fin de financiar la campaña de Boric.

Larraín, ante la solicitud de devolver el dinero, habría respondido: “Gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.

De acuerdo a lo publicado por Emol, el Ministerio Público informó sobre un aumento sustancial en los montos de los convenios firmados entre ProCultura y el Estado durante los años 2022 y 2023, período que coincide con la actual administración presidencial.

Mientras que en 2021 estos convenios sumaron $316 millones, en 2022 llegaron a $3.282 millones y en 2023 a $1.808 millones.

“Si en los años 2020 y 2021 los convenios y montos fueron por totales de $181.676.386 y $316.849.723, en los años 2022 y 2023 fueron por montos de $3.282.841.556 y $1.808.295.429”, se detalla en la solicitud del Ministerio Público.

Este notable incremento podría estar vinculado a la relación cercana entre Larraín y el Presidente Boric, lo que eventualmente configuraría delitos como tráfico de influencias, fraude al fisco, lavado de activos y financiamiento irregular de campañas.

Estos antecedentes forman parte del denominado Caso Convenios, una investigación que examina el eventual uso indebido de recursos estatales mediante fundaciones asociadas al bloque oficialista.

Cabe destacar que la Fundación ProCultura, que cesó sus funciones en noviembre de 2023, figura entre las instituciones que están bajo la lupa por posibles irregularidades en la firma de convenios con organismos públicos.