Congreso aprobó ley que establece el uso del cargador universal para aparatos tecnológicos

Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que establece el uso del cargador universal para aparatos tecnológicos, con lo que ahora pasará a ser ley de la República.

De acuerdo a la iniciativa, se establecerá un cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, tablets y videoconsolas portátiles, tanto alámbricos como inalámbricos.

Lo anterior también obligará a las empresas a garantizar la interoperabilidad común entre los equipos y sus dispositivos de carga, a través de una interfaz y protocolo de comunicación compatibles.

Además, la ley indica que las empresas deberán ofrecer la posibilidad de adquirir sus dispositivos tecnológicos con los aparatos de carga o por separado, no pudiendo atar o supeditar bajo ningún modo o condición la adquisición de uno de ellos a la del otro.

Asimismo, también se dispone que estas últimas deberán informar adecuada y oportunamente a los consumidores si el dispositivo de carga está o no incluido, además de otras especificaciones relativas a elementos compatibles para esta función.

Sobre esta aprobación, el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Andrés Herrera, valoró que “es un avance hacia un consumo más sustentable, pues permitirá a los consumidores optar por no adquirir nuevos dispositivos de carga, lo que contribuirá a disminuir la producción de residuos electrónicos”.

Por otra parte, Herrera, apuntó que la normativa permitirá a futuro la estandarización de otros tipos de cargas, como por ejemplo las inalámbricas vía NFC. Así, “pone a nuestro país en línea con la regulación europea en esta materia e implica una simplificación en el uso de los equipos y dispositivos electrónicos, contribuyendo a reducir residuos tecnológicos y a disminuir costos innecesarios”.

En caso de incumplimiento a estas disposiciones, las empresas podrán recibir multas de hasta 300 UTM, es decir, cerca de $20 millones por cada infracción. En tanto, la ley entrará en vigencia en un plazo de dos años desde la publicación en el Diario Oficial, para los dispositivos de telefonía móvil, tiempo que será de cuatro años para los demás dispositivos móviles de información y telecomunicaciones.