Este miércoles, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció que el Gobierno ya inició el proceso de caducidad de la concesión de Enel luego de que el Presidente de la República, Gabriel Boric, solicitó aplicar esta medida a la empresa eléctrica que opera en la región Metropolitana.
La decisión del Mandatario se basa en el incumplimiento de la distribuidora de energía en la reposición del suministro, tras el sistema frontal con fuertes vientos y lluvia que afectó al territorio la semana pasada. Al 8 de agosto, 60 mil clientes del área de cobertura se encuentran sin luz.
En un punto de prensa, el titular de la cartera indició que el trámite administrativo tiene varias etapas. La primera “es un requerimiento que funciona como un ultimátum, donde se le ponen condiciones de servicio que tienen que ser cumplidas en cierto plazo”.
“Los dos planes de recuperación anteriores no se cumplieron, no puede haber una tercera vez. Este plan se va a segmentar en periodos de 24 horas y si no hay 20.000 clientes conectados durante las 24 horas de este jueves, este procedimiento se moverá a su siguiente fase administrativa, que es la fase adversarial”, refirió Pardow.
En paralelo, el ministro recordó que el Gobierno formuló cargos contra la empresa distribuidora CGE, por infracción a las normas de reposición de suministro. “CGE tiene algunas de las comunas de la región Metropolitana afectadas y, en particular, por la situación de O’Higgins, donde la falta de ritmo en la recuperación de clientes es también una razón de extrema preocupación”.
“A partir de la próxima semana, comienza el proceso de facturación de las cuentas de la luz en todo Chile. Esas cuentas por construcción tienen los consumos pasados. Entonces, nuestra preocupación es con qué cara se le va a pedir a los consumidores chilenos que paguen las boletas de electricidad, cuando el servicio de distribución eléctrica ha sido no solamente incompetente, sino indolente”, cuestionó el secretario de Estado.
Ante esta opción de caducar la concesión por parte del Gobierno, Enel puede recurrir a la justicia para oponerse entregando argumentos que apunten a una decisión no justificada. Ahí, podría presentar sus descargos para que se determine la procedencia de la declaración del fin del trato, lo que de concretarse se deberá efectuar mediante un decreto supremo firmado y fundado por el Presidente.
Desde 2016, la concesión se encuentra en manos de Enel Distribución S.A., tras el cambio de nombre de la hasta entonces empresa Chilectra S.A., controlando el 99,09% de la compañía que es subsidiaria de la italiana Enel S.p.A.
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