Concejo Municipal aprueba traslado de kinesióloga tras denuncia por acoso laboral en la salud primaria de Curicó

El Concejo Municipal de Curicó aprobó un avenimiento extrajudicial para poner fin a la demanda por tutela laboral interpuesta por una kinesióloga en contra de la casa edilicia. La profesional del Departamento de Salud Municipal había acudido a la justicia denunciando graves vulneraciones a sus derechos fundamentales tras reincorporarse de su fuero maternal.

Durante la respectiva sesión del concejo, el abogado del municipio, Felipe Cantero, explicó que el acuerdo alcanzado con la demandante establece su traslado definitivo desde el CESFAM Miguel Ángel Arenas hacia el CESFAM Betty Muñoz, recinto donde cumplirá labores administrativas. Asimismo, se pactó la reducción de su jornada laboral de 44 a 22 horas semanales, permitiéndole compatibilizar su trabajo con el cuidado de su hijo menor. A cambio de estas medidas, la trabajadora renunció íntegramente al cobro de una indemnización por daño moral que ascendía a los 20 millones de pesos, además del pago de 570 mil pesos por concepto de gastos de sala cuna.

El origen del conflicto legal se remonta a los meses posteriores al retorno de su licencia médica. En el libelo ingresado al Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó, la funcionaria detalló haber sufrido hostigamiento, inactividad forzada y un trato humillante por parte de sus jefaturas directas. El documento judicial expone que, tras más de 10 años ejerciendo un cargo directivo, fue enviada de forma repentina e improvisada a un recinto donde no contaba con funciones asignadas, escritorio ni computador para desempeñar su labor.

Pese a la aprobación de la transacción, justificada en que las condiciones fueron solicitadas por la propia profesional, el caso generó un intenso debate al interior del concejo. Diversas autoridades manifestaron su inquietud ante la forma en que se resolvió el conflicto de fondo, advirtiendo sobre la urgencia de indagar en las responsabilidades administrativas de las jefaturas involucradas.

En este contexto, la concejala Ivette Cheyre (UDI) cuestionó la aparente ausencia de una investigación previa y criticó la señal que entrega la institución al remover a la denunciante de su puesto original. "Generalmente siempre sacamos a la persona a la cual se le hace el acoso o, como en los colegios, el bullying. A ese niño se le cambia de curso, pero no se mueve a la persona que crea el conflicto", señaló la autoridad comunal, manifestando su preocupación de que este avenimiento signifique esconder la situación y no llegar a la verdad de los hechos denunciados.

En la misma línea, la concejala Pía Contardo (IND-DC) respaldó la votación al considerar que el traslado y la reducción de horas benefician a la trabajadora, pero fue enfática en exigir que las graves acusaciones de maltrato no queden en el olvido institucional. "Una cosa no quita la otra. Son dos aristas de un mismo hecho y no se puede desconocer", argumentó Contardo, instando a que se instruya un sumario para esclarecer las responsabilidades correspondientes. Frente a estos requerimientos, el equipo jurídico municipal aclaró que, si bien la funcionaria no había formalizado una denuncia interna, se comprometieron a solicitar la apertura de una investigación sumaria para indagar en los antecedentes del caso.