Una denuncia de tutela de derechos fundamentales y daño moral presentó un exchofer que trabajaba para el recientemente nombrado seremi de Justicia y Derechos Humanos del Maule, Manuel Miño Reyes, a quien apunta como autor de discriminación laboral en su contra por diversos hechos incluido su reciente despido el pasado 24 de julio.
Según se lee en el escrito ingresado ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca por el denunciante, Pedro Espinosa, quien además es suboficial de Gendarmería, el 29 de septiembre del 2023 fue trasladado desde la institución como conductor de la entonces autoridad de Justicia en la región, José González Gaete.
Este último dejó su cargo el 1 de junio de 2024 y tres días después fue nombrado su sucesor, a quien Espinosa, describe como una persona “despectiva y clasista”. Al respecto, señala como ejemplo que cuando asistían a una actividad fuera de la ciudad no se sentaba a almorzar junto a él. A ello, agregó que si bien existen otros dos funcionarios de Gendarmería en la seremi, “el maltrato fue solo hacia mi persona, discriminándome incluso hasta por mi origen campesino de la ciudad de Chanco”.
Sobre su despido, el denunciante describió que Miño, lo llamó a su oficina y le comunicó que no seguiría trabajando como chofer. El modo, afirmó, fue “tratándome muy mal, diciendo que me despacharía de inmediato a Gendarmería, por lo cual debía sacar mis cosas rápidamente de la oficina y hacer entrega de las llaves del automóvil, sin explicación alguna”.
En ese sentido, Espinosa, relató en su denuncia que el seremi le habría indicado que su cargo es uno de “más confianza política”, a lo que le respondió que esto no era así ya que el conductor “siempre es un efectivo de Gendarmería”. No obstante, Miño, persistió en su decisión.
“No me quedó otro remedio que irme de inmediato muy humillado y cabizbajo, pues nunca había sido tan maltratado por una jefatura, mucho menos sin justificación alguna, sin haber cometido ninguna falta, ni error en mi labor”, aseveró el gendarme en la acción judicial.
Por todo lo anterior, el presunto afectado solicitó por medio de su abogado que se declare la vulneración de sus derechos, una indemnización de $13.200.000 con reajustes e intereses y una reparación por daño moral de $10 millones.
Además, Espinosa, pidió las disculpas públicas del seremi y que el Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, se comprometa públicamente a solicitar la renuncia de todos los secretarios regionales ministeriales “que cometan vulneraciones de los Derechos Fundamentales, de los funcionarios públicos y o trabajadores”.