Tribunal declara admisible querella por detención ilegal y actos vejatorios tras clausura de salones de juego en Curicó

El tribunal de garantía de Curicó declaró admisible la querella particular presentada en contra de los funcionarios de carabineros y seguridad pública que hace un par de días realizaron el cierre de uno de los salones de “Jugacri VIP”.

La acción judicial fue presentada por el abogado Leonardo Battaglia Castro a favor de cinco trabajadores de dicho establecimiento comercial por los delitos de detención ilegal y delito de vejación injusta. Incluso, con atisbos de xenofobia, dado que dentro de dentro de las víctimas, hay dos personas extranjeras, de origen venezolano.

Todo sobre Querella detención ilegal

A juicio del reconocido jurista, se cometieron varias infracciones a la ley que tienen que ser investigadas y sancionadas, explicando que "una de ellas fue la detención de los empleados que estaban en ese momento en el lugar. Se les dijo que se les estaba deteniendo después de mucho rato, sin informarles el motivo de su detención: un delito flagrante de rotura de sellos, en circunstancia que ese supuesto delito se habría cometido y denunciado diez días antes, lo que evidentemente echa por tierra cualquier posibilidad flagrante, que es cuando el delito se ha cometido dentro de las 12 horas previas para poder obtener la detención".

Por otro lado, Battaglia aseguró que "se obtuvieron grabaciones ilegales de ese procedimiento de detención y clausura. Muchas de ellas fueron tomadas por el funcionario municipal, que andaba con una cámara y que incluso, cuando mis defendidos salían del local esposados, los grabó, filmó y fotografió, lo que evidentemente no se puede realizar. Y se procedió a una clausura que, en concepto también de esta defensa, es absolutamente ilegal, y que será materia de reclamaciones ante todas las entidades correspondientes. Creemos que se ha adoptado un procedimiento a todas luces contrario a derecho y constitutivo de delito, en lo que se refiere a la vulneración de los derechos de mis defendidos.”

En las detenciones ilegales se menciona al funcionario de carabineros César Fabian Saavedra Peñaloza de dotación de la primera comisaría Curicó y también al funcionario de seguridad pública municipal, Patricio Palomo. La querella también alcanza a todos aquellos funcionarios públicos que detuvieron, esposaron y mantuvieron por más de 12 horas privados de libertad a estos trabajadores que solo cumplían su jornada laboral en este salón de juegos.

“Nosotros hemos puesto en conocimiento de la justicia que no se adoptaron las comunicaciones correspondientes con la fiscalía, que no se dio a conocer el motivo de la detención, que mis clientes fueron filmados y fotografiados sin autorización alguna, atentando incluso contra sus derechos más mínimos, y que aparecieron y salieron esposados desde el lugar. Consideramos además que, en este procedimiento, la clausura constituye una ilicitud que tendrá que ser debidamente resuelta", agregó.

El querellante particular reiteró que no había ningún antecedente para detener a los trabajadores que estaban al interior del salón de juegos ese día, dado que no estaban cometiendo ningún ilícito, solo cumplían con su jornada laboral.

El delito que se podría perseguir a su respecto sería el de rotura de sellos tras la clausura municipal, pero el jurista insiste en que las detenciones fueron fuera del plazo de la ley en un hecho denunciado mucho antes por la municipalidad y que los querellantes no tuvieron ninguna participación, precisó

“Argumentar una flagrancia para detener a estos trabajadores, constituye un abuso, constitutivo de delito y la clausura del establecimiento en sí, es una ilegalidad” sentenció el querellante.

En el escrito presentado a la justicia, el abogado Battaglia pide inmediatas diligencias que tendrá que desarrollar a contar de ahora la fiscalía de Curicó, tras ser admitida por el tribunal:

1.- Se cite a los querellantes a declarar en calidad de víctimas

2.- Se oficie a la primera comisaría de carabineros Curicó y a la prefectura correspondiente, para que remitan el parte policial, actas de detención, lectura de derechos, incautación de especies, libro de guardia, registro de detenidos en los calabozos, constancias de comunicación con familiares de los detenidos, hoja de servicio de la patrulla, nombre, Rut, grado y destinación de todos los funcionarios que intervinieron en el procedimiento y en la custodia de los detenidos.

3.- Que se oficie a la Municipalidad de Curicó para que remita la individualización completa del querellado Patricio Palomo, precisando si las grabaciones y fotos que tomó dentro del local de Jugacri VIP, obran en el departamento de seguridad pública municipal o en otra repartición pública, indicando si el mismo fue publicitado o publicado en redes sociales

4.- Se agregue el registro de la comunicación del procedimiento al fiscal de turno, con indicación de su hora, del fiscal que la recibió y las instrucciones impartidas

5.-Que se solicite al querellado Patricio Palomo, la entrega voluntaria de grabaciones y fotos que habría realizado durante el procedimiento policial en su cámara de pecho y su teléfono celular, a fin que se recaben las autorizaciones judiciales que correspondan

6.- Que se practique diligencia de reconocimiento de los funcionarios intervinientes por parte de los trabajadores víctimas.

Contactado el empresario y dueño de los salones Jugacri, dijo estar satisfecho por la primera señal entregada por la justicia curicana, al tiempo que también responsabilizó a la administración del alcalde George Bordachar, a la que tildó de deficiente y acusó una persecución política en su contra.

El empresario curicano criticó al jefe comunal quien siempre se refiere a su persona como “ un poderoso”, no descartando iniciar acciones particulares en su contra, dado que, según el titular de los salones de juego, actúa siempre bajo el desconocimiento de la ley respecto de sus locales que los mantiene desde el año 2008, con patente comercial al día, por derecho adquirido según dictamen de Contraloría en el año 2016.

“El alcalde Bordachar, no dimensiona el daño que realiza a su propia gente, coartando la posibilidad de 200 empleos en sus locales, por clausuras que solo atentan contra el desarrollo y el comercio local en tiempos de crisis económica” criticó

El empresario estudia la posibilidad de querellarse en contra de Bordachar, por el daño económico causado en el cierre de los cuatro locales por más de un mes, y plantea que la eventual indemnización salga de sus bolsillos y no de los recursos públicos de todos los curicanos.

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