CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social

"No hemos detectado que haya personas detenidas por el mero hecho de participar en la protesta, eso sería contrario a todo estándar", afirmó Joel Hernández, relator para Chile.

04 de Junio del 2022 · 09:00
CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social
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El relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, descartó que en las cárceles del país hayan detenidos por el estallido social de octubre de 2019.

En conversación con el diario español El País, Hernández sostuvo que "la situación es que hay un grupo de personas que resultaron afectadas por el estallido social. Cerca de 400 personas fueron afectadas, la mayoría con lesiones oculares, que aún están en procesos de recuperación".

"Es uno de los temas donde se ve que las secuelas del estallido social siguen abiertas. Hay otros que aborda el informe relacionados a la agenda de derechos económicos, sociales y culturales, que son los que dieron origen al estallido y el posterior acuerdo político para la convocatoria de una convención constitucional", señaló.

Consultado sobre la postura de la comisión respecto al debate sobre si existen presos políticos del Estallido social, Hernández afirmó que "la palabra presos políticos tiene una connotación específica: son personas que se encuentran detenidas en razón de sus opiniones políticas, religiosas y a las que se coarta su libertad en razón de ese posicionamiento personal".

En esa linea, aseveró que: "aquí lo que observamos es que son personas detenidas que siguen procesos en razón de otras causas que se dieron en el marco del estallido, pero no hemos detectado que haya personas detenidas por el mero hecho de participar en la protesta. Eso sí sería contrario a todo estándar".

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"La CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social", agregó.

En relación al proyecto de ley de amnistía para los presos de las revueltas, Hernández enfatizó que "esa es una potestad del Estado, la de hacer valer leyes que permitan la liberación anticipada de las personas privadas de libertad". Sin embargo, recomendó "avanzar a una política que reduzca el número de personas en prisión y que sea limitada estrictamente a los umbrales que se justifican".

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