Una auditoria desarrollada el año pasado por el organismo contralor detectó diversas irregularidades en la entrega de patentes, y ordenó iniciar un sumario para aclarar las observaciones.
Según una investigación publicada este martes por la Contraloría General de la República, la Municipalidad de Molina cobró y renovó 25 patentes de alcoholes a personas que figuran fallecidas en el Registro Civil e Identificación, además de entregar un permiso a una empresa representada por una abogada que forma parte del Departamento de Asesoría Jurídica del propio municipio, lo que se considera un conflicto de intereses.
Estos hallazgos están contenidos en el informe 924 del 2019, emitido por la Contraloría Regional del Maule, donde se recogen datos que comprenden al periodo entre julio de 2018 y junio de 2019.
Según el organismo contralor, existe un plazo de 60 días para que el municipio acredite que la renovación de dichos permisos se ajustan a la normativa legal vigente. Además de establecer en 30 días hábiles el plazo para que certifiquen que la abogada y funcionaria del municipio ya no representa a la empresa en cuestión.
VISITAS A TERRENO
Durante un recorrido por los locales comerciales de la comuna, los fiscalizadores constataron en terreno que un minimercado estaba destinando más del 10% de la superficie del recinto autorizado para la venta de bebidas alcohólicas; en otro no estaba visible el letrero que indica el tipo de expendio, y otros dos negocios que funcionaban con un RUT y Razón Social diferentes a los que aparecían en las boletas de ventas y servicios. Por estos temas, se ordenó al municipio que desarrolle fiscalizaciones con el objetivo de que se cumpla la normativa que rige estas materias.
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