En el cuartel de la PDI de Molina permanecen en calidad de detenidos al menos siete integrantes de una brigada forestal privada, quienes -después de un año- fueron arrestados por su presunta autoría en los incendios forestales que en el verano del año 2020 afectaron a la precordillera de Molina durante 76 días y que consumió más de 17 mil hectáreas de vegetación.
Lo anterior, se registró entre febrero y abril del año pasado, el cual afectó a predios de las comunidades de Agua Fría, Radal, El Toro, Alupenhue y en donde el fuego cruzó, además, los bosques de la localidad de Potrero Grande, lo que traspasó los límites comunales entre Molina y Curicó por la precordillera.
Tras un silencioso trabajo investigativo liderado por la fiscal, Mónica Barrientos, perteneciente a la Fiscalía de Molina y en conjunto a un grupo de detectives con dedicación exclusiva, concluyeron en que los posibles autores intencionales de estos siniestros forestales corresponderían a brigadistas.
Durante la emergencia forestal trabajaron arduamente durante varias semanas, brigadistas de Conaf, bomberos, lugareños y funcionarios municipales de Molina, los cuales asentaron base de operaciones en las escuelas de Radal y Alupenhue. Inclusive, hasta el Presidente, Sebastián Piñera, arribó hasta la zona para evaluar los daños y ese mismo día anunció un paquete de medidas tanto para comerciantes como habitantes del sector.
Los nuevos detenidos como eventuales autores de los focos de incendios son siete integrantes de una brigada forestal de una empresa privada, quienes se mantenían trabajando en el mismo rubro durante la última temporada.
Según investigación policial, los brigadistas habrían usado velas para propagar el fuego en medio de los bosques que pertenecen a dos empresas privadas que sufrieron graves y millonarios daños, sin considerar los recursos que debió desplegar Bomberos, Conaf, municipio y particulares para lograr el control total del fuego. El que finalmente, se pudo extinguir con las primeras lluvias de otoño, tal como lo había anticipado el director regional de la Onemi, Carlos Bernales.
Otra carpeta investigativa
Durante los meses del siniestro, la policía detuvo a una joven universitaria que confesó haber prendido fuego y generado focos intencionales. La imputada quedó en prisión y, al cabo de un par de meses, la causa arribó a un juicio abreviado recibiendo como castigo la pena de 5 años. En consecuencia, la mujer quedó con un beneficio alternativo que significó mantener una libertad vigilada, dado que no contaba con antecedentes penales.
Según el informe presentado en marzo de 2020 por la fiscal, Mónica Barrientos, la mujer encendió intencionalmente las llamas el día 26 de febrero, al interior del fundo La Calandria. En esa ocasión, en el lapso de una hora se quemó una superficie de 2,26 hectáreas de bosque nativo y de pinos en etapa adulta.
Según observaron varios testigos y medios de comunicación, durante el desarrollo de la emergencia en Alupenhue, la joven se mantuvo estrechamente ligada a las tareas de ayuda para los brigadistas forestales y la comunidad en el puesto de comando, el cual se estableció en la escuela de la localidad.
Hipótesis
Sin embargo, los brigadistas tendrían una motivación económica, ya que no deseaban que se terminara pronto la temporada de siniestros forestales, así no verían menoscabado sus ingresos por bonos, horas extras y otros beneficios que perciben por esta labor.
Para esta jornada a las 11 horas se agendó la audiencia de control de detención contra los imputados, en el Juzgado de Garantía de Molina y el cual será transmitido a través de VLN Radio.
Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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