Incidentes y críticas al financiamiento detienen avance del proyecto Sala Cuna en el Senado

La jornada que el gobierno esperaba marcar como un hito en la expansión del derecho a sala cuna para trabajadoras, trabajadores e independientes, culminó con la interrupción del debate en el Senado. La sesión fue suspendida ante la imposibilidad de continuar producto de reiterados incidentes protagonizados por asistentes en las tribunas.

Tras más de cuatro años de discusión legislativa, el hemiciclo del Senado inició este martes la votación en particular de la iniciativa, buscando cerrar su primer trámite. Sin embargo, la presidenta de la corporación, Paulina Núñez, resolvió postergar la sesión hasta el próximo martes 8 de septiembre, debido a las interrupciones que impidieron el normal desarrollo de las intervenciones.

La primera jornada de votación se centró en las enmiendas provenientes de las comisiones de Educación y Hacienda. En este contexto, se hicieron evidentes las profundas divergencias entre el oficialismo y la oposición respecto a aspectos clave como el mecanismo de financiamiento del fondo que sustentará el beneficio, los estándares de calidad de los establecimientos que ofrecerán el servicio y la universalidad del derecho a sala cuna.

Los altercados en la galería se desataron mientras el senador Enrique Lee (IND) exponía. El parlamentario afirmó: “cuando algunos colegas parlamentarios dicen que somos alérgicos a los derechos, yo les quiero decir que los derechos tenemos que financiarlos, y se financian con crecimiento y desarrollo económico”.

Lee prosiguió señalando: “quienes hoy día alegan son personas, son sindicatos, son gremios que tienen trabajo. Y yo los llamo a mirar a su alrededor, incluso alrededor de sus propias familias (…) a quienes están sin trabajo o en cesantía”. Estas palabras provocaron una fuerte reacción de las organizaciones presentes, imposibilitando la continuación de las intervenciones.

Como contexto, los cambios sustanciales que propone el proyecto al régimen actual incluyen la eliminación del requisito de contar con 20 o más trabajadoras para acceder al beneficio de sala cuna. Además, busca extender este derecho a trabajadoras y trabajadores dependientes e independientes, promoviendo la corresponsabilidad entre madres, padres y cuidadores legales. Se contempla la creación de un fondo común para financiar el sistema, mediante una cotización adicional del 0,35% que se compensaría con una reducción idéntica en las cotizaciones del empleador al seguro de cesantía, sumado a un aporte fiscal inicial estimado en 11.631 UTM.

Si bien existe un consenso general en avanzar hacia la eliminación de las barreras que dificultan el ingreso de las mujeres al mercado laboral y en ampliar el derecho a sala cuna de forma universal, la oposición ha manifestado su desacuerdo con la forma en que el gobierno ha reformulado el proyecto.

La senadora Yasna Provoste (DC) expresó al finalizar la sesión: “Claramente la forma en cómo el proyecto de ley ha sido encausado por la actual administración se aleja de estos principios. Se aleja porque primero no es universal, establece además una discriminación respecto de las condiciones económicas de las y los trabajadores. Recordemos que el gobierno ha establecido que la diferencia entre el costo real de la sala cuna y lo que entrega el fondo tiene que ser con cargo al trabajador o trabajadora, por lo cual habrán muchas personas que no van a poder acceder nunca por esta exigencia del copago que instala el gobierno”.

Provoste también criticó que la iniciativa “no establece exigencias de calidad para las instituciones o para las unidades que van a recibir a los hijos de los trabajadores y trabajadoras”, lo que, a su juicio, representa un riesgo para los menores.

Adicionalmente, la senadora advirtió: “Y además este proyecto de sala cuna debilita el fondo de cesantía en los momentos más complejos. Al ministro (del Trabajo) le ha tocado enfrentar el desempleo más alto que Chile ha tenido en los últimos cinco años. ¿Y saben cómo lo hace? Debilitando el seguro de desempleo, porque para financiar esta sala cuna lo que hace es echar mano al seguro de cesantía”.

Durante el debate, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, respondió a las críticas y enfatizó la urgencia de avanzar en la tramitación. Reiteró que el proyecto “desacopla el costo de contratación del sexo del progenitor y, en momentos difíciles para el país, encuentra un financiamiento sostenible sin aumentar el costo de contratación para las empresas que hoy día no pueden pagar la planilla”.

El ministro Rau aclaró también que “La Superintendencia de Pensiones ha sido bastante clara, categóricamente clara, que este proyecto no compromete la sostenibilidad de los fondos del Seguro de Cesantía. Es más, los fondos siguen creciendo. No estamos hablando de que estamos vaciando los fondos. Eso no es efectivo. Los beneficios caen 2,1%, para los usuarios del Fondo Solidario caen 0%, porque es un beneficio definido con garantía estatal. Es muy importante aclarar eso”.

Tras la suspensión del debate, el secretario de Estado manifestó que si bien es “legítimo tener discrepancias en términos de cómo se financia un proyecto de ley”, no es aceptable “la estridencia, los gritos. Nosotros somos dialogantes, hemos propuesto un método de financiamiento sostenible”.

Rau añadió: “Tenemos un déficit fiscal estructural de 3,7% heredado. Esos son 13.000 millones de dólares. Este es un proyecto con dosis de realidad que es sostenible, que es capaz de ampliar el beneficio y la cobertura de sala cuna a todo hijo o hija de un trabajador o de una trabajadora. Entonces, pido que por favor, nos centremos en las cosas que nos unen, en la voluntad de avanzar”.

Respecto a la relación de la iniciativa con los altos niveles de desempleo, la autoridad recordó que el artículo 203 del Código del Trabajo, que se busca modificar, “aumenta el costo de contratar a las mujeres y data de más de 100 años”.

El ministro insistió en que “Este proyecto elimina esa distorsión. Y no solo eso, desacopla lo que es el costo del proyecto con el sexo del progenitor. Entonces, en una situación en que el desempleo femenino es particularmente alto, que alcanza el 10,3% sobre el promedio nacional de 9,5%, eliminar una distorsión que encarece la contratación femenina, sin duda que va a ayudar también a la empleabilidad”.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Judith Marín, subrayó la urgencia de abordar el desempleo femenino, señalando cómo “muchas empresas prefieren contratar hasta la mujer número 19, y se penaliza la contratación de la mujer número 20”.

La ministra Marín concluyó: “Estamos abiertos siempre al diálogo porque esto está en un primer trámite. Eso quiere decir que eventualmente continuaría su discusión en la Cámara de Diputados en un segundo trámite. Hago un llamado también a que no dilatemos más la discusión, sino que podamos traer una solución de manera pronta para las mujeres de nuestro país”.

A pesar de las críticas, el gobierno planea seguir ajustando el proyecto durante su tramitación en la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que la Comisión de Educación aprobó la posibilidad de establecer un copago para las familias, medida cuestionada por senadores opositores por considerarla una limitación al carácter universal de la política.

Asimismo, generó controversia que los recursos del fondo puedan financiar establecimientos con autorización de funcionamiento, sin exigir necesariamente el reconocimiento oficial del Estado, lo que podría rebajar los estándares de calidad de la educación parvularia.

El principal punto de conflicto, sin embargo, reside en el financiamiento. La oposición critica que una política de protección a la infancia se financie mediante una reducción de las cotizaciones destinadas al seguro de cesantía.

El gobierno, en contraposición, defiende que la fórmula permite financiar una política postergada sin incrementar el costo de contratación, argumentando que la reducción de cotizaciones al Seguro de Cesantía constituye un ajuste de flujos y no una sustracción de recursos ya acumulados. Este mecanismo fue analizado durante la tramitación con la participación de la AFC y la Superintendencia de Pensiones.

Otro de los reparos de los parlamentarios opositores es que el proyecto no reconoce explícitamente a los niños y niñas beneficiarios como titulares del derecho.

El senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, criticó: “Este proyecto no garantiza la sala cuna universal y tampoco va a terminar con la discriminación para todas las familias chilenas. Lo dije en la comisión de Educación, también en la de Hacienda, y lo repito hoy en la sala, me parece una anomalía que un proyecto que pretende universalizar la sala cuna pueda aprobarse sin reconocer expresamente un titular del derecho a sala cuna. Intentamos que en la comisión fuera distinto, pero nos encontramos con un gobierno alérgico a la palabra derechos”.

Mirosevic añadió: “es solo el trabajador el que debe asumir todo el financiamiento con cargo a su seguro de cesantía. (…) Pero además el proyecto suma otro costo, el copago, el proyecto permite que los trabajadores destinen esos recursos a salas cunas privadas y además estos establecimiento podrán cobrar un monto extra”.