El Ministerio de Justicia, a través de su titular Fernando Rabat, ha anunciado la presentación de indicaciones al proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La iniciativa busca que jóvenes de entre 16 y 18 años puedan ser juzgados bajo el régimen de adultos si cometen delitos de alta gravedad, como homicidios, violaciones o secuestros. Esta medida surge en un contexto de creciente participación de menores en ilícitos vinculados al crimen organizado.
La propuesta del Gobierno apunta a endurecer las sanciones para los casos más severos, reservando la aplicación del régimen de adultos exclusivamente para estos delitos de extrema gravedad.
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Ante esta planteamiento, el diputado independiente Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad, sugirió un doble enfoque. Por un lado, planteó que los adolescentes entre 14 y 18 años enfrenten el régimen de penas habitual ante delitos como homicidio, violación o secuestro. Por otro, enfatizó la necesidad de revisar la normativa actual sobre el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales, señalando que “Es importante avanzar en evaluar cómo funcionaba la ley que castiga el reclutamiento de menores para la comisión de delitos y ver qué espacios de mejora hay”.
Juan Valenzuela, jefe de bancada de los diputados del PDG y miembro de la misma comisión, reconoció que el panorama delictual ha mutado, con el crimen organizado reclutando a jóvenes cada vez más precoces y explotando lagunas legales. En este sentido, afirmó que “Desde la bancada estamos disponibles en rebajar la edad de la responsabilidad adolescente pero también estamos disponibles para robustecer la reinserción”.
Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro, también integrante de la Comisión de Seguridad, se mostró abierto a debatir medidas para reforzar la lucha contra la delincuencia juvenil, siempre y cuando no se contemple una rebaja general de la edad de responsabilidad penal. A su juicio, esta última estrategia no ha demostrado ser efectiva en otros países para disminuir la criminalidad en jóvenes. No obstante, reconoció que “Sin embargo, si apuntan a que haya pérdida de beneficios; si hoy se considera la reincidencia y la gravedad de los delitos, obviamente que haya un estándar separado”.
El ministro Rabat, para despejar dudas, aclaró que la intención del Ejecutivo no es rebajar la edad de responsabilidad penal, sino más bien introducir modificaciones específicas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Las indicaciones también contemplan un aumento de las penas para adolescentes de 14 a 16 años que cometan delitos graves, como robos con violencia, y la incorporación de la reincidencia y reiteración como agravantes por primera vez.
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