Al igual que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien saldó una deuda pendiente con el Fondo Solidario tras ser consultado por Mega, la exministra vocera del gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, modificó su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP). La corrección se produjo después de que el diario electrónico El Líbero le consultara sobre la omisión de su suegra y dos de sus cuñados en dicho documento, una herramienta fundamental para la transparencia en la función pública.
La sociedad familiar, identificada como “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada”, tiene a la suegra y cuñados de Vallejo como accionistas. Esta empresa facturó un total de $1.209 millones al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán durante la administración anterior.
La Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses exige que la entonces ministra incluyera en su DIP, publicada en la plataforma Infoprobidad, el listado completo de su suegra y todos sus cuñados. Según la información original de El Líbero, el esposo de Vallejo, Abel Zicavo San Martín, fue socio de la empresa hasta 2018. Actualmente, los socios registrados son Andrea San Martín Palma y sus hijos Claudio y Valeria Zicavo San Martín, además de Osvaldo Armando Aguiló Melo, pareja de la madre de los hermanos Zicavo.
La noticia fue replicada por diversos medios, incluyendo El Mostrador, lo que generó reacciones negativas por parte de Vallejo en sus redes sociales. La exvocera calificó la información como “una burda nota de una plataforma online de derecha”, mientras que algunos de sus seguidores denunciaron una supuesta campaña en su contra.
Vallejo, militante del Partido Comunista, afirmó que las licitaciones obtenidas por la sociedad familiar cumplían con la normativa vigente. Sin embargo, no abordó directamente la omisión de familiares en su declaración ni el hecho de haber dejado en blanco el apartado “Otras fuentes de conflicto de interés” del formulario.
A pesar de no admitir públicamente irregularidades, la exministra procedió a rectificar su DIP, incorporando la información omitida. Fuentes de la Contraloría General de la República informaron a El Líbero que la modificación se realizó el mismo día de la consulta periodística, el 14 de mayo.
El organismo detalló que “esa declaración debe ser firmada ahora por el actual Subsecretario General de Gobierno, don José Francisco Lagos Garrido, toda vez que ella es una exfuncionaria. Él tiene 30 días para firmarla y enviarla a la CGR desde que la exministra la realizó. Una vez que llega a la CGR, esta se publica en infoprobidad.cl”. Hasta la fecha, este trámite aún no se ha completado.
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