El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, impulsado por el actual gobierno, ha entregado un nuevo informe tras su tercera sesión, señalando haber recibido el "nivel más alto de deuda" de la administración anterior. Como resultado, se han instruido investigaciones en cuatro organismos públicos debido a presuntas irregularidades.

La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, detalló que el análisis abarcó más de 913 mil registros de más de 500 servicios públicos. "una revisión general, se detectaron alertas y situaciones que involucran recursos públicos por 9.200 millones de dólares. Esto no significa que sean las únicas alertas, son solo algunas de las que hemos encontrado hasta ahora", afirmó.

Castillo aclaró que "esto no implica necesariamente existencia de fraude. Acá existen distintos tipos de situaciones, errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias graves y en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal. En cada uno de estos casos serán derivados los antecedentes a las instancias correspondientes".

Entre las irregularidades detectadas se mencionan bajas rendiciones de cuentas, entidades receptoras de fondos públicos sin inscripción en el Registro de Central de Colaboradores del Estado, compras ágiles repetidas al mismo proveedor en un mismo día, incumplimiento de hitos contractuales, subejecución presupuestaria superior al 30%, licencias médicas sin recuperación de subsidio y concursos públicos desiertos.

Un hallazgo significativo es la postergación de pagos desde 2025 a 2026, que asciende a aproximadamente 3.200 millones de dólares, equivalente a casi un 1% del PIB. Según el informe, "los hallazgos corresponde a la postergación de pagos desde el 2025 al 2026, por aproximadamente 3.200 millones de dólares, lo que equivale a casi un 1% del PIB".

Esta postergación representa el nivel más alto detectado en traspasos presidenciales recientes. "El monto casi triplica lo traspasado en el gobierno de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera, y prácticamente duplica lo traspasado en el gobierno de Sebastián Piñera a Gabriel Boric", precisó la subsecretaria.

La situación tiene un impacto directo en los ciudadanos: "esta situación afecta las cuentas del Gobierno, por cierto, pero no es un número distante, afecta directamente a los chilenos por la postergación en el pago de proveedores en programas sociales, en servicios de salud, en temas de alimentación escolar, y a casi 10 mil Pymes que fueron proveedoras del Estado y a las cuales en el 2025 se decidió no pagarles". Los montos afectados incluyen US$1.000 millones a proveedores de salud, US$650 millones a Junaeb por alimentación escolar, US$400 millones en gratuidad universitaria y US$268 millones a 9.986 pymes.

En cuanto a compras públicas, se identificaron US$3.170 millones en adquisiciones realizadas mediante trato directo o compra ágil en contextos donde se podrían haber empleado licitaciones. Se estima que la aplicación de mecanismos competitivos podría haber generado ahorros cercanos a US$760 millones. "Se trata de mercados donde sí existía una oferta suficiente para poder hacer compras a través de licitaciones, donde donde se podría haber planificado dichas compras", señaló Castillo.

Respecto a licencias médicas, hay cerca de US$150 millones pendientes de recuperación debido a deficiencias en la gestión de cobro por parte de la administración anterior. Organismos como Cenabast (US$700 millones), el Registro Civil (US$350 millones) y el Servicio de Salud Sur (US$56 millones) figuran entre los que concentran mayores tratos directos.

El Comité ha instruido auditorías específicas a cuatro organismos: la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), por presuntas irregularidades en licitaciones del Plan de Alimentación Escolar; el Ministerio de la Mujer, a través del SernamEG y la fundación Prodemu, por ineficiencia y falta de control de recursos; el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por graves problemas de control financiero y no cobro de multas; y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID), por altos niveles de rendiciones rechazadas y recursos pendientes de rendición.