La exministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quedó en el centro de la polémica luego de que El Mostrador revelara presuntas omisiones en sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) presentadas durante su gestión en el gabinete del expresidente Gabriel Boric.

Según el medio, las declaraciones de Vallejo no habrían incluido a su suegra ni a la totalidad de sus cuñados, pese a que la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública exige a las autoridades informar sobre sus parientes por afinidad hasta el segundo grado, categoría que comprende expresamente a suegros y cuñados. Si bien la exministra sí declaró a sus padres, hijos, hermanos, cónyuge y a uno de sus cuñados, habría dejado sin completar el apartado destinado a "Otras fuentes de conflicto de intereses".

La empresa en el ojo del huracán

Las omisiones apuntan directamente a la sociedad médica "Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada", cuya actual integrante es Andrea San Martín Palma, suegra de Vallejo. La empresa se dedica a servicios oftalmológicos y ha mantenido contratos con entidades públicas, principalmente con el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.

De acuerdo con datos de Mercado Público citados por El Mostrador, la sociedad acumuló órdenes de compra por más de $2.156 millones entre 2011 y 2026, de los cuales $1.209 millones corresponden al período del gobierno de Boric. Cabe consignar que Abel Zicavo, esposo de Vallejo e integrante de la banda La Moral Distraída, fue propietario de la sociedad hasta 2018, año en que vendió sus acciones a otros familiares.

La investigación también señala que el oftalmólogo Raúl San Martín Geisse, quien comparte lazos familiares y societarios con Andrea San Martín, participó en comisiones evaluadoras de licitaciones adjudicadas a la empresa y, en otros casos, actuó como prestador subcontratado por la misma sociedad.

El expresidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, fue tajante: "La omisión de la exministra Vallejo no es un detalle meramente formal", afirmó, subrayando que las declaraciones de patrimonio e intereses son herramientas fundamentales para el control preventivo de potenciales conflictos de interés.

Fuentes cercanas a la exsecretaria de Estado aseguraron que la DIP "fue rectificada a través de la plataforma oficial y cumple con todos los requisitos legales". Sin embargo, al momento de publicarse la información, el portal Infoprobidad no reflejaba la inclusión de la suegra ni de la totalidad de sus cuñados.

Vallejo responde y acusa operación política

Horas después de la publicación, la propia Camila Vallejo salió al paso a través de su cuenta de Instagram con una respuesta de tono confrontacional.

"Me sorprende que El Mostrador haya replicado —sin consultarme absolutamente nada para verificar— una burda nota de una plataforma online de derecha que busca evidentemente equipararme con situaciones impresentables de su propio gobierno, mientras recortan y recortan gasto social demostrando total insensibilidad con las necesidades de la gente", escribió la exministra.

Vallejo defendió la trayectoria de la sociedad médica señalando que "lleva más de 17 años participando en licitaciones públicas (ver en Mercado Público), incluso durante el gobierno del ex Presidente Piñera".

"Todas sus licitaciones fueron adjudicadas mediante mecanismos reglados y transparentes, y financian el trabajo de profesionales y paramédicos en programas oftalmológicos de patologías GES y urgencias oftalmológicas. Esos pacientes y trabajadores merecen respeto, no ser perjudicados por maniobras políticas", agregó.

En cuanto al fondo jurídico, la exministra fue directa: "La Ley 20.880 exige declarar nombre y RUT de los parientes, no sus actividades comerciales". Finalmente, cuestionó el rol del periodismo en la verificación de este tipo de contenidos: "¿Cómo combatimos la desinformación en redes si el periodismo no verifica o no es más riguroso antes de replicar operaciones políticas?", cerró.