Comisión Investigadora de Caso Convenios en el Maule acusa desmantelamiento de la Unidad de Control del GORE

En un informe elaborado por la Comisión Investigadora del Gobierno Regional del Maule en el el Caso Fundaciones, con fecha del 18 de junio de 2024 y entregado este miércoles a la Controlaría, se concluye que hubo una serie de acciones “tendientes a debilitar la Unidad de Control”, lo que ha sido considerado como una “persecución” por parte de algunas autoridades encargadas de las indagatorias.

El escrito sostiene que se removieron funcionarios “de manera inconsulta” en el departamento fiscalizador, en particular a tres trabajadoras de carrera de la unidad referida.

Estas son Verónica Rodríguez, quien cesó sus funciones en dicha unidad en septiembre de 2023; Daniela Madariaga, con salida fechada en abril de 2024 y Carmen Soto, en mayo de este año.

Junto a lo anterior, se bajaron las calificaciones del jefe de la Unidad de Control, Cristián Arellano, a quien se le responsabiliza por una serie de impresiones en el primer informe, emitido en septiembre de 2023.

En virtud a lo señalado en el reporte, se da cuenta de 21 convenios de transferencias con 18 fundaciones, para el financiamiento de 21 iniciativas aprobadas por más de $4 mil 530 millones.

A pesar de lo anterior y luego de una auditoría realizada por Contraloría, el órgano fiscalizador “detecta las mismas falencias enunciadas por la Unidad de Control”. Asimismo, se deja en “condicional” al funcionario, “lo que eventualmente tendría un desenlace posterior de manera expulsiva”, sostiene el texto.

En la misma línea, se refiere que existe una denostación de parte de algunos jefes de división del GORE Maule, a la Unidad de Control, catalogando su trabajo como “penoso, dilatorio y falso”, a pesar de que Contraloría “ratifica las observaciones que se tuvieron a la vista”.

Fiscalización condicionada

A raíz de lo anterior, el escrito sostiene que hubo un “desmantelamiento” de la entidad, removiendo a algunos funcionarios de carrera que fueron parte de la elaboración del documento, que buscaba indagar los traspasos a fundaciones, durante la actual administración que lidera la gobernadora Cristina Bravo (DC).

Cabe señalar que, en primera instancia, la Comisión Investigadora estuvo compuesta por el consejero, George Bordachar (exRN), quien ejerció como presidente junto a Gabriel Rojas (exPC), a su vez secretario.

Tras la renuncia de Bordachar, se integró al también CORE, Román Pávez, como integrante de la instancia, pasando a ser secretario Daniel Bustos y finalmente quedando el consejero Rojas como presidente de la comisión.

“Fue un trabajo de varios meses, que tuvo como metodología las entrevistas a jefes de división, funcionarios del Gobierno Regional y directivos de diversas fundaciones, donde se hace un repaso a las asignaciones directas por parte de la gobernadora regional (Cristina Bravo)”, señaló Rojas.

Sobre la persecución política, el consejero regional sostuvo que “esto deja en evidencia que para el Consejo Regional del Maule, como órgano fiscalizador, es sumamente complejo que conforme a lo que establece la ley la Unidad de Control, que tiene la misión de fiscalizar y auditar el funcionamiento financiero y la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional, quede en una situación condicionada producto del informe expuesto”.

Rojas además agregó: “(Actualmente) la situación del Gobierno Regional es delicada, por la forma de asignación de recursos por asignaciones directa de la gobernadora. Además, es complejo porque faltó prolijidad en el resguardo de los recursos públicos. También, por la situación interna de los funcionarios que integran los órganos que nos ayudan a fiscalizar los recursos y la forma en que se han entregado en la región”.

Desde el circulo de la gobernadora regional, estas acciones criticadas por la Comisión son "parte de sus facultades",  por lo que habría actuado en el marco de la ley.