En un documento con fecha 28 de mayo de 2024, la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo (DC), denunció una serie de “irregularidades procesales” en la querella presentada el 4 de agosto de 2023 por el diputado, Jorge Guzmán (Evópoli), en relación al Caso Fundaciones en la arista que abarca el nexo entre la Fundación Urbanismo Social y el Gobierno Regional.
El escrito de la autoridad regional sostiene que existen “vicios de forma y de fondo”, señalando cuatro puntos descritos en la acción judicial del parlamentario. Por ejemplo, menciona el tribunal al cual fue ingresada, errores de domicilio del querellante, a quién fue dirigida y el fondo de la presentación.
Esto último, se basa en la carta enviada por la fundación al GORE, donde manifiesta un posible conflicto de intereses en la solicitud de la gobernadora de contratar al concejal de Curicó, Javier Ahumada (DC), quien pertenece a su partido político, para formar parte del proyecto “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”.
En este sentido, la defensa de Bravo, hace reserva del derecho penal “por querella calumniosa” contra el diputado Guzmán, a la espera de que se inicie una investigación por este posible delito.
En cuanto a la investigación, el documento solicita “que se proceda a la devolución de los instrumentos incautados” en las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones, que corresponden a un teléfono móvil y un computador de propiedad de la gobernadora.
Asimismo, la defensa solicitó a la PDI recopilar “toda la información pública existente, sea en medios de prensa escrita, radial o televisiva o en redes sociales que procedan de declaraciones del querellante”, en la cual, a su juicio, se realizan acusaciones infundadas en torno a posibles delitos.
Asimismo, se designó al abogado, Roberto Celedón, como patrocinante -sin remuneración- para representar a Bravo.
Consultado sobre la denuncia de irregularidades en la presentación de la querella, Guzmán, sostuvo que los errores “fueron corregidos para su admisión en los tribunales”.
Asimismo, el parlamentario sostuvo que está en pleno uso de sus facultades “para fiscalizar el correcto uso de los recursos en la región”.
En relación a los recursos entregados a la Fundación Urbanismo Social, que corresponden a $264 millones para el programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”, firmado en diciembre de 2022, la gobernadora regional afirmó en conversación con Radio RTL, que “los recursos están resguardados debido a que la entidad no realizó el convenio para lo cual los dineros fueron destinados”.
Cabe señalar que la investigación sobre el Caso Fundaciones sigue su curso en el Juzgado de Garantía de Talca, a la espera de determinar si existirá una formalización en torno a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, donde Cristina Bravo, figura como imputada.