Familia de adulto mayor desaparecido en Itahue acusa abandono institucional a cuatro meses de perder su rastro
Delfín Ávila Farías, quien padece de esquizofrenia y bipolaridad, fue visto por última vez a fines de enero en las cercanías del Puente San Camilo. Sus cercanos denuncian una severa lentitud por parte de la Fiscalía, el cese de las diligencias en terreno por parte de las policías y convocaron a una movilización pública para evitar que la causa sea archivada.
Una compleja situación humana y judicial mantiene en vilo a los habitantes de la localidad de Itahue, en la comuna de Molina, donde ya se cumplieron cuatro meses desde la total desaparición de Delfín del Carmen Ávila Farías, de 69 años de edad. A la fecha, los rastreos ciudadanos y las diligencias decretadas por los organismos pertinentes no han entregado ningún indicio sobre el paradero del adulto mayor, lo que ha motivado profundas críticas de sus familiares hacia la conducción de la investigación.
El afectado, quien vivía solo bajo el cuidado diario de su hermana Romelia, padece de esquizofrenia y bipolaridad. De acuerdo con los antecedentes aportados por su círculo cercano, antes de extraviarse, el hombre no estaba recibiendo su tratamiento médico de manera regular, un factor que pudo haber desencadenado un cuadro de desorientación o descompensación. A pesar de que su condición de salud solía manifestarse con un tono de voz elevado, su familia enfatiza en que se trataba de una persona completamente pasiva y que no mantenía conflictos con la comunidad.
El rastro de Ávila Farías se perdió formalmente la mañana del pasado 24 de enero. Una cámara de seguridad del sector lo captó a las 06:00 horas caminando en dirección a la bajada del río, en las proximidades del Puente San Camilo. Paralelamente, durante esa misma jornada se registraron tres focos consecutivos de incendios forestales en la zona, iniciados a las 06:15, 09:30 y 13:00 horas, respectivamente. Debido a esta coincidencia temporal, los familiares sostienen como hipótesis que el adulto mayor pudo haber quedado atrapado por el avance del fuego o que existió intervención de terceros, apuntando las sospechas hacia un grupo de campistas que abandonó apresuradamente el lugar tras los siniestros y cuyas declaraciones iniciales presentarían inconsistencias.
La respuesta de los estamentos de justicia ha sido el principal foco de disconformidad para los denunciantes, quienes acusan una serie de negligencias y retrasos burocráticos. La crítica apunta a que la orden oficial de búsqueda por presunta desgracia fue emitida por el Ministerio Público recién el 2 de febrero, perdiéndose días iniciales que resultaban vitales para el éxito de los rastreos de rescate.
Asimismo, la familia denuncia una persistente falta de comunicación por parte de las autoridades judiciales, asegurando que la fiscal a cargo de la causa ha cancelado reuniones previamente agendadas en dos oportunidades. En materia del despliegue policial, los afectados señalan que la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó labores operativas activas únicamente durante las primeras cuatro semanas, sumando ya dos meses sin registrar movimientos ni nuevas inspecciones en el sitio del suceso. Ante la falta de respuestas oficiales, han sido los propios vecinos y familiares quienes han cuadriculado el río y el bosque adyacente, sin encontrar prendas de vestir ni evidencias biológicas.
Frente al inminente temor de que la Fiscalía determine el cierre definitivo de la investigación sin otorgar respuestas concretas, los pobladores y cercanos al adulto mayor decidieron radicalizar sus acciones de visibilización con el propósito de ejercer presión pública y exigir el retorno inmediato de los equipos especializados a la zona de búsqueda.