El Juzgado de Garantía de Linares decretó prisión preventiva para Juan Pablo Venegas Zapata, un entrenador de voleibol formalizado por la Fiscalía Local por diversos delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
Venegas Zapata fue detenido esta semana en la Región Metropolitana y trasladado hasta la Región del Maule para la audiencia judicial.
El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público y ordenó el ingreso del imputado a un centro penitenciario mientras se desarrolla la investigación.
Investigación en curso y múltiples denuncias
El proceso judicial contra Venegas Zapata se inició en marzo pasado, con la recepción de las primeras denuncias. A partir de ese momento, la Fiscalía instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (BRISEX) de la PDI de Linares suma serie de diligencias clave que permitieron reunir antecedentes contundentes para fundamentar la solicitud de prisión preventiva.
Según detalló la fiscal del caso, Mónica Cánepa, la investigación cuenta con múltiples testimonios e informes periciales que acreditan la participación del imputado en hechos de abuso sexual, estupro y violación. Cánepa agregó que, además de las dos denuncias presentadas en marzo y junio, se recibieron otras dos denuncias, activándose nuevas diligencias investigativas.
El jefe de la BRISEX de Linares, subprefecto Marcelo Labra, informó que el imputado, de 35 años, no solo cumplía funciones como entrenador, sino que también participaba en la administración del club deportivo, donde habría establecido vínculos de confianza con las familias de las víctimas.
La detención se concretó el 1 de julio, tras una orden judicial solicitada por la Fiscalía y cumplida por la BRISEX Metropolitana, que ubicó al imputado en un taller de buses en la comuna de Renca, donde trabajaba actualmente.
Paralelamente, el Ministerio Público activó el acompañamiento a las víctimas y sus familias a través de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), medida que se mantendrá durante toda la etapa investigativa y en el eventual juicio oral.
El tribunal otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, periodo en el cual se espera profundizar en la recopilación de evidencia y testimonios adicionales, considerando la posibilidad de que surjan nuevas víctimas o antecedentes complementarios.
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