Luego de que la Corte de Apelaciones de Talca aprobó la solicitud de extraditar desde España a María Carolina Silva Inostroza, imputada por reiterados delitos de estafa por los que se habría apropiado de más de $100 millones, sus abogados emitieron un comunicado en el que critican la decisión de la justicia y acusan presión de los medios.
La chilena se encuentra en Europa desde hace cinco años, donde partió justo cuando se revelaron las denuncias en su contra presentadas por cercanos y familiares. Al respecto, la investigación apunta que entre los años 2018 y 2019, se quedó con el dinero que le entregaron para inversiones por las cuales nunca retornó los montos comprometidos.
En el escrito, emitido por Lealta Abogados, se indica que la curicana formalizada en ausencia, para la cual además se impuso la medida cautelar de prisión preventiva a su llegada al país, instruyó “el inicio de las actuaciones legales necesarias para restablecer la verdad, en relación con las afirmaciones falsas e imprudentes que se han realizado desde algunos sectores periodísticos y públicos desde la República de Chile”.
“(…) se ejercerá la defensa oportuna en el procedimiento de extradición iniciado por las autoridades chilenas, que, a nuestro juicio, carece de fundamento”, esgrime la defensa de Silva, apuntando a la vulneración de sus derechos a “la libre elección de abogado, a la defensa técnica y el debido proceso”. En ese sentido, plantea que el mismo día en que el tribunal de alzada decretó la decisión, se le asignó un defensor público “que no alegó absolutamente nada en su defensa”.
Además, los juristas aseguran que “se ha realizado un juicio paralelo mediático, que no corresponde con la realidad de las actuaciones y se aleja considerablemente de una información veraz y contrastada. No ha quedado acreditado con la prueba ninguna de las afirmaciones hasta el momento”.
“Nuestra representada ha estado colaborando y disponible durante todo el proceso, asistiendo a todas las audiencias de forma telemática”, sostiene el estudio jurídico, agregando que “la afirmación incendiaria de que es una prófuga es totalmente falso. Incluso ha prestado las fianzas solicitadas, a pesar de estar seguros de su completa inocencia y se ofreció a asistir al juicio oral convocado el pasado año, suspendido por las mismas autoridades”.
Finalmente, los abogados de la imputada insisten en que el hecho de que la Corte de Apelaciones acogió la extradición y la prisión preventiva se debería a “que las autoridades judiciales sienten el peso de la cobertura mediática”, calificando esta cautelar como “innecesaria e ilegal a estas alturas del procedimiento, al no cumplirse ninguno de los fundamentos exigidos bajo un Estado de Derecho”.