El cabo Eugenio Naín fue asesinado en 2020 por un impacto de bala en un procedimiento de cortes de ruta; un destino similar sufrió el sargento Carlos Retamal, que falleció tras ser agredido con un fierro caliente mientras fiscalizaba carreras clandestinas en San Antonio. En honor a estos carabineros y para evitar que acumulemos listas de uniformados fallecidos, se promulgó la Ley Naín Retamal. La ley fue una iniciativa de parlamentarios de derecha que busca (1) endurecer las penas a quienes atenten contra policías y (2) darles a estos últimos facultades para defenderse legítimamente cuando su vida está en peligro.
Esta ley ha colaborado con uno de los mayores problemas que tenemos en seguridad, que es que se persiga penalmente a policías que hicieron uso de sus armas en legítima defensa en procedimientos policiales. Antes de esta ley, la seguridad que podía tener un funcionario policial al proteger su vida era dudosa, lo que le impedía hacer sus tareas.
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Una legislación de este tipo hubiese sido especialmente necesaria durante la insurrección de octubre de 2019, cuando la izquierda utilizó la retórica de desprestigio contra nuestras policías, acusándolas de estar al servicio de la represión y de atentar contra los derechos humanos.
Ese octubre fue un momento que permitió, gracias al desorden y el desprestigio policial, dejar cabida a delincuentes de todo tipo para vandalizar, atacar comisarías y apropiarse de las poblaciones. Mientras en algunas calles se marchaba contra el neoliberalismo, en las poblaciones resurgían los narcos para recuperar “su territorio” y las comisarías eran atacadas a balazos.
El desprestigio de la autoridad de las policías es un elemento sumamente peligroso en una democracia. Este régimen está basado en el estricto cumplimiento de la ley; sin aquello, todos los derechos de los ciudadanos pierden su capacidad de hacerse cumplir y se vuelven letra muerta. Es por eso que una democracia es tan importante que exista una coerción, un uso de la fuerza que obligue a los ciudadanos a respetar los derechos de los otros. Como decía John Locke, la pluma (de la ley) sin la espada es letra muerta.
Esa coacción a los ciudadanos para respetar mutuamente los derechos la ejercen las policías; si estas no cuentan con el respaldo institucional o las capacidades para hacer cumplir la ley, los derechos se transforman en letra muerta.
El Partido Comunista y el Frente Amplio, ya desde antes de la insurrección de octubre, vienen practicando un programa de desprestigio hacia las policías, las fuerzas armadas y cualquier elemento de la democracia que implique detener y contener el vandalismo y los climas propicios a la criminalidad, de los cuales son cómplices a partir de muchas de sus tácticas.
Lo que olvidan estas fuerzas políticas es que su mayor bandera de lucha, el respeto irrestricto de los derechos humanos, requiere, para su materialización y respeto, de fuerzas policiales con la vigorosidad suficiente para hacer respetar el orden que hace posible el respeto de esos derechos. Sin policías fuertes, no hay respeto a los derechos humanos. Esto no implica que no haya que contener a las policías dentro de procedimientos, reglamentos y leyes que las circunscriban en el uso de la legítima defensa y la protección de los ciudadanos.
Si no tenemos una policía efectiva, entonces peligramos de acercarnos al estado de barbarie, donde nadie hace cumplir la ley, algo que se empezó a ocurrir en muchos lugares durante el gobierno de Boric. Es esencial contar con policías vigorosas ceñidas a la ley y a los procedimientos. Es por eso que para todos los que pensamos que la seguridad sigue siendo el problema político más urgente hoy día, nos es incomprensible que parlamentarios del Frente Amplio y del PC propongan derogar los artículos de la ley Naín Retamal que fortalecen las facultades de las policías.
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