Almas en el camino: ¿Alguien está pensando en los niños?

El impacto de lo revelado el miércoles en la pequeña localidad de Vista Hermosa, en el límite norte de Curicó, da cuenta del lamentable estado de salud en el que estaban más de 150 mascotas que estaban bajo el cuidado del refugio “Almas en el Camino”, dirigido por Susana Padilla Aránguiz, quien junto a su pareja y tres de sus cuatro hijos residían en el lugar en condiciones realmente deplorables.

Dentro del espacio, una ex escuela de propiedad municipal, se pudo ver a animales en los huesos, heridos, con sarna y otras enfermedades. Asimismo, se encontró el cadáver de un can y restos óseos quemados en una hoguera, en medio de la basura.

Si bien la situación horrorizó a todos por su crueldad, es importante resaltar un problema que debe mayormente concitar la atención de los organismos correspondientes: La vulneración de menores de edad.

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Dentro de la investigación, aun en etapa inicial, se dio cuenta en primera instancia que los niños estaban en un lugar donde incluso se habrían realizado prácticas de zoofilia, según lo informado por uno de los médicos veterinarios del Departamento de Protección de Animales de Curicó, lo que hace más escabrosa la situación.

Acá hay irresponsables y son muchos. La administración del otrora recinto educacional está bajo el alero de la municipalidad de Curicó, a través del Daem local, la cual, por decisión del alcalde, Javier Muñoz, tomó la decisión en 2020 de trasladar a esta familia hasta Vista Hermosa, debido a los problemas ocasionados por Susana Padilla. Esta fue denunciada por provocar una serie de incendios intencionales en el sector Puente Alto, ubicado a un costado del Parque Cerro Condell de Curicó. O sea, el problema no se solucionó, sólo se cambió de lugar.

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En este caso, la realidad supera por mucho a la ficción. Pero es bueno apuntar que acá existe una vulneración a menores que tiene su primer antecedente en 2013, cuando el caso llegó hasta el Tribunal de Familia local.

En aquella oportunidad, el órgano judicial tomó la decisión de enviar a dos de los afectados hasta un hogar de la comuna de Romeral. Sin embargo, en 2016 la madre aseguró que uno de ellos, de nueve años en ese entonces, habría sido violentado sexualmente en dos ocasiones por un compañero de residencia. Por este motivo, la justicia posteriormente resolvió devolver a los padres la tuición de los niños.

Han pasado los años y, tras el desalojo de este miércoles, se pudo evidenciar que las condiciones de los menores no habían cambiado, sino que empeorado. Lo anterior, debido a que se pudo constatar que dormían en colchones sobre el suelo, bajo condiciones de extrema insalubridad, sin luz ni agua.

Cabe señalar que en la audiencia de formalización, la defensa de Padilla señaló que también interpondrán una querella por la responsabilidad que le compete al municipio en torno al maltrato, donde uno de los argumentos es que ni siquiera contaban con los servicios básicos para habitar el lugar, ni menos prestar ayuda a los animales.

Claramente, acá estamos ante un sistema que actuó de manera lenta, cuyas redes de protección y contención debieron intensificar su red de funcionamiento. Cabe señalar que dos de estos menores integran la Red Educativa Municipal de Curicó, quienes estuvieron al tanto de la precariedad en la cual vivían, denunciando los hechos al Tribunal de Familia. En base a esto, ¿por qué este último no actuó con prontitud? ¿por qué los niños(as) son víctimas de un sistema lento y engorroso?

Digamos que la orden de desalojo, que dejó al descubierto esta situación, no se produjo ni por el maltrato animal ni por las vulneraciones a los niños, sino porque era necesario desocupar el lugar para entregárselo al ministerio de Educación, en el contexto de la desmunicipalización a los Servicios Locales que se lleva a cabo en el país. O, por lo menos, esa fue la excusa.

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Durante muchos años, las agrupaciones animalistas también denunciaron estos hechos. ¿Por qué no se ordenó una investigación por parte del Ministerio Público? ¿Por qué recién se asignó una fiscal (Maite Mendiburu) para realizar un proceso de formalización?

Lamentablemente, acá hubo oídos sordos. Voces que no fueron escuchadas. Así también, es inaceptable que desde la Defensoría de la Niñez se hayan enterado del operativo el mismo día ante una consulta periodística. ¿Dónde estuvo entonces la seremi de Desarrollo Social?

Ahora bien, la detención de Susana Padilla, por parte de Carabineros, se debió a la resistencia que opuso para el ingreso de los funcionarios a la ex Escuela Vista Hermosa. En esa misma línea, ¿por qué no se llevaron a su pareja que podría tener igual grado de responsabilidad y es parte crucial de la vulneración que sufren los menores?

Sobre el proceso judicial posterior, ¿por qué recién luego del operativo se anuncia una ampliación de la querella por parte del municipio? Hay que mencionar que la persona en cuestión era una frecuente visitante a las dependencias municipales, con diversos enfrentamientos con el alcalde. Entonces, ¿por qué se le entrega un lugar "en comodato" sin mínimas condiciones de habitabilidad? 

Lo anterior forma parte de una política del buenismo, que claramente se ha acostumbrado a ceder a las presiones sobre todo en lo relacionado a un llamado “caso social”, transformando un “no” en una respuesta no válida.

Tras el descubrimiento de esta situación, llama la atención el grado de separación del problema, no asumiendo la responsabilidad de quienes pudieron evitar esta escalada de inhumanidad, con fiscalizaciones periódicas por parte de Seguridad Municipal que pudieron advertir el estado de los menores, así como también de los animales vulnerados.

Es hora de asumir los errores y de saber que, independiente de que se trate de esconder ciertas temáticas o trasladarlas de lugar, más temprano que tarde la verdad sale a la luz.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de VLN Radio.