De manera categórica, el Juzgado de Letras del Trabajo de Molina rechazó en su totalidad la denuncia por vulneración de derechos fundamentales que fue interpuesta por siete profesores del Liceo Polivalente en contra de la administración municipal de la comuna. El grupo de docentes acusaba que la entidad edilicia no habría tomado acciones preventivas frente a supuestas situaciones de vulneración cometidas por parte de la dirección del establecimiento educacional. A raíz de esto, los demandantes solicitaban el cese de los presuntos actos discriminatorios y el pago de una cuantiosa indemnización por concepto de daño moral.
Sin embargo, tras analizar los antecedentes, el tribunal concluyó que no se acreditaron los presupuestos legales necesarios para configurar una vulneración a la integridad psíquica de los profesionales de la educación, descartando las imputaciones realizadas hacia la casa consistorial. Al respecto, la directora jurídica de la Municipalidad de Molina, Fabiola Gandarillas, valoró la resolución señalando que la institución "obtiene un contundente triunfo judicial en un caso de tutela laboral".
La abogada explicó que, durante el proceso, la estrategia se centró en "demostrar que los hechos expuestos no alcanzaban el estándar exigido por la legislación laboral". En este sentido, Gandarillas enfatizó que el fallo viene a respaldar el trabajo interno, ya que logran reafirmar "la correcta actuación institucional que hemos llevado hasta el momento y la ausencia de conductas ilícitas por parte del municipio".
La decisión judicial guarda directa relación con las medidas disciplinarias y preventivas adoptadas previamente por la administración local frente a este mismo conflicto. La directora jurídica precisó que lo dictaminado en tribunales "se condice además y es coherente con lo que nuestro alcalde Felipe Méndez resuelve previamente a través de un sumario administrativo que versó sobre prácticamente los mismos términos de los mismos profesores". Para la defensa municipal, esta sentencia "permite desvirtuar las acusaciones en sede judicial" y se traduce en "un importante respaldo de la gestión municipal", evidenciando un trabajo jurídico riguroso y técnico.
Finalmente, el tribunal no solo desestimó lo planteado por los profesores, sino que también los condenó a pagar las costas asociadas al juicio, las cuales fueron avaluadas en 700 mil pesos por cada uno de los demandantes. Tras conocerse este revés judicial, los docentes disponen de un plazo legal para presentar un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Talca, instancia donde podrían intentar revertir la decisión de primera instancia.
Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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