Alcalde de Molina confirmó destitución de tres funcionarios

El alcalde de Molina, Felipe Méndez, anunció este lunes la destitución de tres funcionarios municipales, vinculados  al hallazgo de propaganda política en dependencias municipales denunciado previo a las elecciones municipales de 2024.

Estos son David Bugueño, coordinador de Turismo, Margot Lueiza, directora de Desarrollo Económico Local (Didel) y Gabriel Silva, director de Salud, quienes fueron desvinculados tras acogerse las conclusiones de los fiscales a cargo de las investigaciones, al interior del municipio.

El proceso se originó cuando un funcionario de la Contraloría General de la República, detectó que los exfuncionarios almacenaron en dependencias municipales material de campaña, incluyendo palomas con propaganda de Silva, quien entonces era candidato a alcalde.

Estos elementos fueron guardados en dependencias de la Didel, “vulnerando las normas de probidad y neutralidad que rigen el actuar de los servidores públicos”, señalaron desde la administración comunal.

Asimismo, el municipio sostiene que durante el proceso disciplinario, los involucrados intentaron desviar su responsabilidad hacia funcionarios a honorarios, versiones que fueron descartadas por testigos y pruebas documentales recabadas durante la indagatoria.

“Un sello de nuestra administración es que no vamos a tolerar las malas prácticas, sea de quien sea. Tal como fuimos el primer municipio del país en desvincular a quienes viajaron al extranjero con licencia médica, hoy reafirmamos que en Molina los recursos públicos se respetan y se protegen”, expresó el alcalde Méndez.

En ese sentido, la autoridad apuntó a lo establecido en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sobre el principio de probidad administrativa. Esta obliga a todo funcionario público a “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

Asimismo, el artículo 64 de la misma norma prohíbe expresamente el uso de bienes o instalaciones públicas para fines ajenos a los institucionales.