"Su empleo está protegido": Municipio curicano llama a la calma a trabajadores de áreas verdes tras dictamen de Contraloría

Una firme postura adoptó la Municipalidad de Curicó ante el reciente pronunciamiento de la Contraloría Regional del Maule, entidad que emitió una observación buscando invalidar el proceso de traspaso de los trabajadores de la Corporación "Somos Pro" hacia la administración municipal.

A través de una declaración pública, el municipio abordó la controversia jurídica, poniendo especial énfasis en dar tranquilidad a las 300 familias que dependen de esta fuente laboral, encargadas de la mantención de los parques y jardines de la comuna.

El primer punto abordado por la administración comunal fue entregar certezas a los operarios. "A los trabajadores y trabajadoras de áreas verdes les decimos, con toda claridad, que su empleo está protegido y sus derechos no están en discusión", señala el comunicado.

Desde la casa edilicia explicaron que el actual debate con el ente fiscalizador es netamente jurídico y "no compromete en caso alguno su continuidad laboral ni sus derechos laborales conforme a los artículos 183-A y siguientes del Código del Trabajo, que este Municipio se ha comprometido a resguardar y seguirá resguardando".

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En su argumentación, la Municipalidad evidenció una contradicción por parte del ente fiscalizador. Según explicaron, la propia Contraloría —mediante su Informe N°690 de 2025— fue la que objetó los contratos "irregularmente suscritos" entre la administración municipal anterior y la Corporación Somos Pro, situación que precisamente obligó a iniciar el proceso de regularización que hoy está siendo cuestionado.

En el marco de ese ordenamiento, la actual administración detectó una grave falencia financiera: las autoridades anteriores no exigieron a la Corporación una boleta de garantía adecuada para enfrentar las responsabilidades laborales derivadas de la subcontratación.

"Esa deficiencia hace inviable finiquitar a los trabajadores y mantener operativo el servicio, ya que el costo comprometido bordea los $800.000.000, mientras que solo se resguardó esa eventual responsabilidad con un instrumento comercial por un monto que no alcanza ni a un cuarto de la cifra señalada", advirtieron desde el municipio.

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Apelación ante la Contralora General

Frente a este complejo escenario financiero y legal, la Municipalidad de Curicó argumenta que no puede desatender el cumplimiento del Código del Trabajo ni la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia. Si bien entienden que no es función de la Contraloría ponderar los riesgos financieros, el municipio recalca que tiene el deber ineludible de "analizar los riesgos que ello implica para el patrimonio de la municipalidad".

Por esta razón, anunciaron que no se quedarán de brazos cruzados y elevarán todos los antecedentes para presentar un recurso de reconsideración ante la Contralora General de la República.

Finalmente, el comunicado cierra con un duro emplazamiento político: "Lamentamos que quienes fueron parte activa en la creación de este problema, hoy se desentiendan de sus responsabilidades y expongan gravemente el patrimonio municipal y los derechos laborales de 300 trabajadores (...) Instamos a todos los actores a cesar la utilización política de los trabajadores involucrados".