La Inspección Provincial del Trabajo de Curicó asumió la titularidad de la investigación correspondiente al accidente laboral fatal registrado durante el reciente fin de semana en la localidad de Curepto.
Pese a que dicho sector pertenece administrativamente a la jurisdicción de Talca, las indagatorias quedaron a cargo del organismo curicano debido a que la empresa empleadora mantiene sus instalaciones e infraestructura en Curicó. Se trata de la empresa PELOM ingeniería que presta servicios a la Compañía General de Electricidad (CGE).
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El trágico suceso ocurrió cuando el trabajador intentaba reponer el suministro de energía eléctrica en el sector, viéndose obligado a cruzar un cauce de agua.
La inspectora provincial del trabajo de Curicó, Olga Álvarez Castillo, entregó detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la emergencia. "Es una empresa de ingeniería eléctrica que presta servicios a CGE y el trabajador específicamente se dirigía a reponer la energía digo eléctrica en un sector en donde tiene que cruzar un estero y en su camioneta, va solo, y es arrastrado por las aguas y desaparece con el vehículo", detalló la autoridad.
Los detalles del procedimiento administrativo se mantienen bajo reserva, pero tienen como propósito fundamental determinar las causas originarias del siniestro y establecer las responsabilidades de la parte empleadora. Sobre este punto, la inspectora Álvarez Castillo fue enfática en señalar los deberes legales de la compañía: "Lo que investigamos son las causas [...] y para poder establecer responsabilidades. Y eso tiene que ver con la responsabilidad que tiene el empleador de resguardar la vida y salud de los trabajadores".
El ente fiscalizador analiza de manera prioritaria los factores de riesgo asociados a las condiciones en las que operaba la víctima al momento del accidente.
"Aquí estamos a priori frente a un trabajador que se desplazaba solo, en la noche, en un sector rural, sin luz, y con las condiciones climáticas que ya sabemos", agregó la inspectora provincial
Para concluir las etapas de fiscalización, la Inspección del Trabajo proyecta un plazo estimado de tres semanas para elaborar el informe definitivo que contendrá las resoluciones administrativas del caso. Estas actuaciones se desarrollan de manera concurrente con la intervención de las autoridades de salud. Además, el caso se encuentra en manos del Ministerio Público, institución que mantiene diligencias paralelas para esclarecer eventuales responsabilidades de índole legal o penal.