Alcalde de Curicó descarta irregularidades en permisos de circulación apuntando a un "desfase en la información"

El alcalde George Bordachar abordó las recientes observaciones emitidas por la Contraloría General de la República (CGR), las cuales pusieron bajo la lupa al entidad edilicia por la supuesta entrega irregular de permisos de circulación a personas que mantenían multas de tránsito vigentes.

Lejos de evadir la polémica generada por el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 23, el jefe comunal entregó la postura oficial de la casa edilicia y desestimó la existencia de actos de corrupción o conflictos de interés deliberados al interior del municipio.

Según explicó el alcalde Bordachar, apenas el municipio fue notificado del informe del ente fiscalizador, se instruyó a los equipos técnicos realizar una auditoría y un exhaustivo cruce interno de los datos cuestionados.

La conclusión de este análisis arrojó una explicación netamente técnica. "Pudimos chequear que existe un desfase en la información", afirmó tajantemente el jefe comunal.

La autoridad detalló que esta discrepancia temporal se produce entre los registros del Registro de Multas de Tránsito No Pagadas —que según la Ley N° 18.287 corta sus ingresos al 30 de noviembre— y el sistema informático municipal que opera en línea al momento en que el usuario acude a renovar su documento.

La defensa esgrimida por la máxima autoridad comunal busca esclarecer el escenario expuesto por la Contraloría para el período 2022-2025, el cual indicaba que en Curicó se detectaron las siguientes alertas:

• 1.380 permisos totales otorgados a conductores con supuestas multas pendientes.
• 58 casos vinculados directamente a funcionarios de la municipalidad.
• 336 renovaciones correspondientes a familiares de dichos trabajadores.

Con su declaración, la administración liderada por George Bordachar busca entregar absoluta tranquilidad a los vecinos de la comuna, argumentando que las cifras expuestas por la CGR tendrían su origen en un problema de actualización y carga de las bases de datos a nivel nacional, y no en un trato preferencial o en una vulneración intencionada de la ley por parte del personal de la Dirección de Tránsito.