Tribunal rechaza sobreseimiento en causa por trata de personas en Curicó
La abogada de la Fundación Libera, Carolina Rudnick, destacó que la justicia reconoció la dimensión penal de los abusos contra migrantes, desestimando la postura de la Fiscalía.
Un importante revés sufrió la solicitud del Ministerio Público en el marco de la investigación por el delito de trata de personas para trabajos forzados en la comuna de Curicó, luego de que la justicia rechazara el sobreseimiento definitivo de la causa. En este tenso escenario judicial, la Fundación Libera, querellante en el proceso, presentó este martes una acción legal apuntando a los delitos de obstrucción a la investigación y prevaricación administrativa por el actuar de los persecutores.
Cabe recordar que la fiscal adjunto de Curicó, Marcela Rocha, había solicitado el cierre del caso argumentando que, si bien existían diversos incumplimientos de carácter laboral, no había elementos para establecer el delito ni los fines de explotación. En su escrito, el ente persecutor sostenía que no hubo retención de documentos de las víctimas ni se limitó sus posibilidades fácticas de desplazamiento, solicitando liberar de cargos a los imputados.
Sin embargo, el tribunal desestimó de plano la postura de la Fiscalía. La abogada de la Fundación Libera y víctima en la causa, Carolina Rudnick Vizcarra, explicó la complejidad del debate y el volumen de los antecedentes presentados. "Nosotros solicitamos por escrito que se nos diera, como mínimo, 40 minutos para exponer en esta causa (...) porque es una causa que tiene siete mil páginas", detalló la profesional respecto a la contundente defensa que realizaron para evitar el cierre.
Rudnick valoró profundamente la resolución del juez, destacando que la autoridad comprendió la extrema vulnerabilidad y la asimetría de poder entre los empleadores y las decenas de víctimas extranjeras. Según relató la jurista, el magistrado acogió sus argumentos y planteó la interrogante sobre si "es posible resistirse para un extranjero migrante, que depende del empleador para su comida, para su alojamiento y para su regularidad migratoria". Con este análisis, el tribunal determinó que los hechos denunciados no se limitan a meras infracciones laborales, sino que poseen una evidente dimensión penal.
Paralelamente a este triunfo judicial, la abogada confirmó una severa arremetida legal contra los fiscales a cargo de la indagatoria, acusando una falta de rigor y objetividad que habría motivado un cierre prematuro y sin formalizados. "Nosotros denunciamos estos hechos del actuar de los fiscales al Consejo de Defensa del Estado", reveló Rudnick.
Finalmente, la representante de Fundación Libera criticó la excesiva demora institucional en tramitar sus reclamos internos, afirmando que el Fiscal Regional tardó casi un año en resolver una reclamación de la parte querellante. Por este motivo, y ante lo que consideran un actuar irregular y carente de objetividad para favorecer la impunidad, decidieron interponer la querella por prevaricación administrativa y obstrucción a la investigación, solicitando además que esta nueva indagatoria sea liderada por un fiscal de otra región para garantizar la total transparencia del proceso.