La fiscal adjunto Marcela Rocha presentó formalmente una acusación en contra de nueve personas por su presunta participación en una elaborada red de delitos tributarios que habría operado en las comunas de Curicó y Romeral, provocando un multimillonario perjuicio a las arcas fiscales.
El documento acusatorio, ingresado ante el Juzgado de Garantía de Curicó tras el cierre de la investigación, detalla cuatro hechos principales constitutivos de ilícitos que infringen el Código Tributario.
El primer hecho descrito corresponde al aumento indebido del crédito fiscal. Según la acusación, entre agosto de 2019 y diciembre de 2021, los imputados Elizabeth Farías Rodríguez y Claudio Rebolledo Orellana, en su calidad de representante legal y administrador de hecho de la "Sociedad Agrocomercial San Antonio Limitada", registraron y declararon 274 facturas falsas provenientes de las empresas "Agrícola 3G SpA" y "Servicios Industriales Generales Limitada". Esta maniobra les habría permitido rebajar fraudulentamente el pago del Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA), generando un perjuicio fiscal superior a los 2.800 millones de pesos.
El segundo ilícito dice relación con la presentación de formularios maliciosamente falsos. La Fiscalía acusa que los representantes de Agrocomercial San Antonio Limitada contabilizaron el monto neto de estas facturas falsas como costos y/o gastos en los años tributarios 2020, 2021 y 2022, rebajando la base imponible del Impuesto de Primera Categoría. El daño fiscal por este concepto se estima en más de 3.822 millones de pesos.
El tercer cargo se refiere a la facilitación de documentación tributaria falsa. En este punto, la investigación determinó que siete de los acusados —José Ignacio Cruz Varas, Ramón Ormazábal Marambio, Raúl Galdames Soto, Pedro Reyes Reyes, Carlos Sepúlveda González, Daniel Aliaga Hernández y Alejandro Garrido Díaz— habrían facilitado y emitido profusa documentación tributaria falsa. El objetivo, según el Ministerio Público, era que las empresas traspasadoras compensaran su débito fiscal y permitieran la rebaja de impuestos al receptor final, a través de una red compuesta por 19 empresas de "papel".
Finalmente, el cuarto hecho se tipifica como proporcionar maliciosamente datos falsos en la declaración de inicio de actividades o modificaciones de 13 contribuyentes. La Fiscalía acusa que entre enero y mayo de 2021, un grupo de los imputados realizó trámites de iniciación de actividades para 13 sociedades declarando datos falsos. El fin último de esta acción era obtener folios para emitir facturas falsas y facilitar la evasión de impuestos.
El Ministerio Público ha solicitado penas que van desde los cuatro hasta los siete años de presidio para los distintos involucrados, además de multas que alcanzan hasta el 300% del valor defraudado y multas expresadas en Unidades Tributarias Anuales. Según el documento, el perjuicio fiscal total, actualizado a noviembre de 2022, asciende a la suma de $6.718.378.247.
Tras acoger la presentación de la acusación, el Juzgado de Garantía de Curicó fijó la audiencia de preparación del juicio oral para el próximo 17 de junio de 2026 a las 9 horas.
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