El Gobierno intensificó las negociaciones para asegurar un respaldo contundente a su proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido como megarreforma. Este lunes, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, sostendrá una reunión clave en La Moneda con representantes del Frente Amplio.
Estas conversaciones se producen después de que el oficialismo lograra acuerdos con el Partido de la Gente y los libertarios, asegurando así los votos mínimos necesarios para aprobar la idea de legislar en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el objetivo del Ejecutivo es lograr una victoria más holgada. El presidente de la Cámara, el diputado UDI Jorge Alessandri, estableció una ambiciosa meta para la votación. "Lo más importante, y por eso me he autoimpuesto una meta: que la idea de legislar se apruebe por 12 votos más de los que necesita, de 78 pasar a 90. Porque la señal es importante, de que el país valora el crecimiento, de que el país quiere atraer inversión extranjera, de que Chile vuelve a ser líder en América Latina", afirmó.
Alessandri también advirtió sobre los riesgos de una aprobación ajustada. Según el parlamentario, "si usted aprueba un proyecto tan importante como este por un voto, la señal al inversionista es que en tres años y medio más cambia el color del Gobierno y se pueden retrotraer todas las medidas".
El clima de negociación se mantiene tenso, especialmente tras las críticas del Presidente José Antonio Kast a la administración anterior, lo que generó malestar en la oposición. Desde el Partido Socialista ya manifestaron dudas sobre una disposición real del Gobierno al diálogo.
En este escenario, diversos partidos opositores estudian la posibilidad de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). Camila Miranda, directora ejecutiva de la Fundación Nodo XXI, detalló los fundamentos que se barajan. "Se ha hablado, por ejemplo, de una vulneración al principio de equidad territorial que está en la Constitución, y otros argumentos que se han estado dando a propósito del tipo de proyecto, de que sea miscelánea", explicó.
Miranda profundizó en este punto, señalando que "los proyectos de ley que implican cambios tributarios tienen que tramitarse separados de otros temas".
Por su parte, el abogado constitucionalista Javier Couso aclaró que las leyes misceláneas no están explícitamente prohibidas. No obstante, identificó el que podría ser el argumento más sólido para la oposición. "Se podría armar el argumento de que si están prohibidas las indicaciones de parlamentarios que transforman un proyecto en misceláneo, se debe implícitamente suponer que la Constitución las prohíbe. Ahí podría haber, creo yo, el argumento más plausible para que el tribunal lo tome", sostuvo.
Couso advirtió que un fallo favorable a la oposición "obligaría al Gobierno a presentar por partes, y eso implicaría meses de postergación". Los requerimientos pueden ser ingresados en cualquier fase de la tramitación y el TC dispone de 10 días, prorrogables por otros 10, para emitir su veredicto.