Prisión preventiva para ex funcionario del Conservador de Bienes Raíces de Curicó por delitos de cohecho

El Tribunal de Garantía de Curicó, respondiendo a las peticiones de la fiscalía local y la parte acusadora, impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra un antiguo empleado del Conservador de Bienes Raíces de Curicó, quien está acusado de cometer cohecho de manera reiterada.

Según consignó Diario Talca, el proceso penal comenzó en 2021, después de que la Corte de Apelaciones de Talca presentara una queja ante la Fiscalía Regional del Maule, alegando que el acusado había solicitado pagos no reglamentarios para facilitar procedimientos a individuos que se dirigían al Conservador de Bienes Raíces de Curicó.

La fiscal Marcela Rocha, responsable del caso, declaró: “El Ministerio Público formalizó al imputado Felipe Moraga Ruz por 11 delitos de cohecho, la mayoría de ellos, en carácter de calificado previsto y sancionado en el artículo 248 BIS del Código Penal. El tribunal de garantía compartió los argumentos esgrimidos tanto por el Ministerio Público como por el querellante y decretó la prisión preventiva”.

Según la fiscalía, se ha instruido a la PDI a llevar a cabo diversas diligencias, identificando los delitos entre 2018 y 2020, período que precedió la gestión del nuevo Conservador de Bienes Raíces de Curicó, Eduardo Del Campo Vial, quien fue exonerado después de ser acusado por el imputado de acoso laboral. Más adelante, Del Campo Vial presentó una querella contra el acusado por irregularidades previas a su mandato.

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Humberto Alarcón, abogado acusador en representación del Conservador de Bienes Raíces de Curicó, señaló que el acusado “recibía pagos de terceros para realizar gestiones en el Conservador saltándose los conductos regulares y, con ello, perpetrando delitos reiterados de cohecho simple y agravado. Le pagaban a esta persona para que realizara actos cada vez que lo pedían, es decir, que los privilegiara para realizar trámites”.

“El tribunal tuvo en consideración el número de delitos y su gravedad, además, si es condenada no tendrá derecho a una pena sustitutiva. Se fijaron seis meses para la investigación. Se seguirán realizando diligencias para establecer la responsabilidad no solo de la persona formalizada, sino también otros que aparecen participando en estos ilícitos. Son delitos de alta gravedad”, agregó el abogado acusador.

La defensa del acusado en prisión preventiva cuenta con un plazo legal de cinco días para apelar la decisión y llevar el caso ante la Corte de Apelaciones de Talca, donde se examinarán los argumentos legales y fácticos de la medida cautelar, teniendo en cuenta también los alegatos de la fiscalía y la parte acusadora.