El conflicto socioambiental en torno a la expansión del Sistema Eléctrico Nacional suma un nuevo y tenso capítulo en la Región del Maule y la macrozona centro-sur. Recientemente, el Comité de Ministros del gobierno de José Antonio Kast resolvió rechazar las solicitudes de invalidación presentadas por diversas organizaciones, dando luz verde definitiva al polémico proyecto de transmisión eléctrica Itahue - Hualqui.
La decisión gubernamental reactiva las alarmas en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, territorios por los cuales atravesará esta megaobra que, desde su aprobación inicial en 2025, ha enfrentado una férrea oposición ciudadana y política, materializada en un acuerdo de rechazo firmado por 20 alcaldes de las comunas afectadas.
Todo sobre Proyecto Itahue - Hualqui
El proyecto, según el medio El Desconcierto, es impulsado para extender y reforzar el Sistema Eléctrico Nacional y contempla un impacto territorial de gran magnitud. Por ejemplo, un trazado de 406 kilómetros que nace en la Región del Maule (sector de Itahue) y culmina en el Biobío. Así también, la instalación de torres de alta tensión que alcanzarán hasta los 50 metros de altura. Cabe señalar que el costo estimado de la obra asciende a US$ 324 millones.
El rechazo al proyecto se fundamenta en los graves riesgos que, según los detractores, traerá para las familias campesinas y la biodiversidad local. En el ámbito social, los vecinos que convivirán con el trazado acusan que la presencia de las torres de alta tensión generará un ruido constante, aumentará significativamente el riesgo de incendios forestales y provocará una caída en la plusvalía de sus terrenos, sumado a los bajos montos ofrecidos por el derecho de servidumbre.
En el ámbito medioambiental, el trazado cruza zonas de alta vulnerabilidad. Uno de los puntos más críticos se ubica hacia el sur, cerca del Parque Nacional Nonguén, donde el bosque nativo de conservación se ve amenazado, poniendo en riesgo a especies en vías de extinción como el queule y el naranjillo. Esto se agrava al considerar que se trata de áreas históricamente degradadas por la industria forestal y especies invasoras.
El proyecto había sido rechazado inicialmente, pero tras una reclamación de la empresa, la decisión se transformó en una aprobación bajo ciertas condiciones. El Comité de Ministros exigió que la obra no intervenga el bosque nativo de preservación ni altere el hábitat de especies amenazadas, ordenando realizar estudios de flora y fauna y establecer planes de protección antes de empezar a construir.
Sin embargo, esta fórmula desató la indignación de los opositores, quienes argumentan que dichos estudios debieron ser el requisito para aprobar el proyecto, y no una tarea posterior.
Ante el agotamiento de las instancias administrativas, las organizaciones locales y medioambientales de las regiones afectadas ya han confirmado que recurrirán a la justicia ordinaria para frenar la instalación de las torres, sumando este caso a la lista de grandes proyectos judicializados durante la actual administración.
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