Contraloría instruirá sumario en el GORE Maule por millonaria contratación directa de abogada

La Contraloría Regional del Maule anunció la instrucción de un sumario administrativo al interior del Gobierno Regional (GORE). Esta drástica medida se adoptó tras detectar diversas irregularidades en la contratación, vía trato directo, de una abogada por un monto de $9.200.000, argumentando razones de confidencialidad que fueron desestimadas por el ente contralor.

El proceso investigativo se originó a partir del requerimiento de un denunciante que acudió a la Contraloría bajo reserva de identidad. De acuerdo con el informe emitido el pasado 31 de marzo y firmado por la contralora regional, Roxana Núñez, la fiscalización puso su foco en una resolución exenta del 11 de noviembre de 2025. A través de este documento, el GORE del Maule autorizó la contratación de la abogada Angélica Carolina Caro Toro para prestar una "asesoría jurídica para cometido específico".

Para justificar el trato directo, el Gobierno Regional señaló que la profesional contaba con la experiencia necesaria para abordar temas de derecho administrativo y litigación pública, indicando que dichas materias "por el momento son confidenciales". No obstante, la revisión del organismo fiscalizador echó por tierra este argumento, estableciendo en su primera conclusión que "no se configura la causal de trato directo invocada en la especie, pues las materias que aborda no han sido clasificadas por la ley como confidenciales".

A esto se suman los cuestionamientos por los dineros involucrados en el acuerdo. El dictamen detalla que "el GORE no aportó la documentación que permita constatar los criterios de proporcionalidad utilizados para determinar el precio acordado, lo que resulta relevante en este caso, considerando el alto monto que se ha estipulado".

Basándose en estos antecedentes, la Contraloría determinó que "el trato directo analizado no se ajusta a derecho". Por este motivo, se instruirá el respectivo sumario administrativo con el propósito de determinar las responsabilidades de los funcionarios del GORE que estuvieron involucrados en esta tramitación.

Como instrucción inmediata, el Gobierno Regional deberá remitir a la entidad fiscalizadora todos los documentos de respaldo que acrediten la ejecución del trato directo. Esto incluye dar cuenta de los servicios que efectivamente se prestaron y los pagos realizados, fijándose un plazo máximo que expira el 10 de abril de este año.

Finalmente, a este escenario administrativo se suma un antecedente de connotación pública: la abogada Angélica Caro Toro es cónyuge del ministro Moisés Muñoz, autoridad que durante el año 2025 —periodo en que se firmó el cuestionado trato directo con el GORE— ejercía el cargo de presidente de la Corte de Apelaciones de Talca.